SAN JOSÉ. Cámaras costarricenses mostraron este jueves su preocupación por los posibles cambios en la exoneración de las zonas francas incluidos en la reforma tributaria que estudia el Congreso y que pretende sanear las finanzas públicas.
La Cámara de Exportadores de Costa Rica y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica indicaron en un comunicado de prensa que el texto del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas limitaría la exoneración que actualmente rige cuando las empresas de zona franca compran bienes y servicios en el mercado local.
Para ambas organizaciones, uno de los beneficios más importantes de las Zonas Francas para el país, es el encadenamiento productivo que se genera cuándo estas empresas compran localmente. Actualmente adquieren el 38 por ciento de sus insumos en Costa Rica, representando un equivalente a 1,500 millones de dólares anuales.
“Al limitar la exoneración nos estamos disparando en el pie como país, ya que las zonas francas preferirán comprar afuera, en lugar de comprarle a las empresas costarricenses (…) Ya para el país es difícil competir a nivel internacional por los altos costos de operación nacional y los temas de infraestructura y competitividad que sufrimos”, afirmó la presidenta de la Cámara de Exportadores, Laura Bonilla.
El texto que mantenía las condiciones a las zonas francas fue objetado por algunos diputados argumentando que de mantenerse la exoneración, las zonas francas estarían compitiendo en condiciones de desigualdad con las empresas locales.
“No es correcto decir que mantener la exoneración equivale a poner a la industria local en desventaja, ya que cuando las zonas francas venden sus productos en el territorio costarricense, declaran y pagan todos los impuestos aplicables, lo que incluye al IVA”, explicó el presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas, Jorge Brenes.
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Para ambos entes, el cambio que buscan realizar en el proyecto de ley agrega más complejidad, costo y riesgo contable a las empresas. El proyecto de ley tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
También incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos.
Según la Cámara, los cambios en exoneración deja una incertidumbre de cuáles gastos deben pagar el IVA, cuáles no, y en qué proporción.
Los exportadores hicieron un llamado a los diputados para que comprendan “la gravedad del cambio” y puedan modificar el texto.
Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6.2 por ciento del PIB, que sin reforma alcanzará el 7.1 por ciento en 2018, según las proyecciones oficiales.
La deuda en el 2017 se ubicó en el 48 por ciento del PIB y mantiene una tendencia al alza. -EFE