Con el hallazgo de una fosa clandestina en Chalchuapa en la que se han encontrado varios cadáveres de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, varias familias se han animado a pedir nuevamente al Estado que les ayude a encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Ese es el caso de María Ernestina Mendoza, de 63 años, que aún busca a su hijo Humberto Alfonso Mendoza López, quien desapareció el 12 de noviembre de 2005, cuando salió de su casa en el barrio El Calvario, Oratorio de Concepción, Cuscatlán, para ir al trabajo hasta San Salvador.
Humberto Alfonso, quien entonces tenía 34 años de edad, trabajaba como vigilante en una empresa privada, el día que desapareció salió de su vivienda a las 5:30 de la tarde porque tenía asignado un turno de noche, pero nunca llegó a su trabajo, según relataron a su familia sus compañeros.
Manuel, hermano de Humberto, comenta que ellos se dieron cuenta de que su familiar había desaparecido cuando les llamaron del trabajo para preguntarles por qué él no se había presentado a sus labores.
En los primeros tres meses, los familiares realizaron una intensa búsqueda de Humberto, por las morgues, hospitales, predios baldíos y visitaron diferentes municipios aledaños para indagar si alguien les daba alguna pista, que los llevaran a su paradero.
En su búsqueda, los familiares acudieron por ayuda a diferentes instituciones gubernamentales entre ellas: Fiscalía, Policía, Medicina Legal, la Procuraduría de Derechos Humanos, y otras.
Con el paso del tiempo, como usualmente pasa a las familias de los desaparecidos, a los parientes de Humberto se les fue acabando las fuerzas, los recursos económicos y la esperanza para seguir buscando.
“Para mi mamá todo este tiempo ha sido terrible, se enfermó de la presión (arterial), hasta ahora aún no le pasa el dolor de no saber nada de mi hermano”, relata Manuel.
Humberto dejó una hija en la orfandad y hasta ahora ni ella ni su familia han podido acceder al seguro de vida, al que tenían derecho en caso de que el faltara, porque las instituciones para entregarles este beneficio les exigen un acta de defunción.
El día de su desaparición, vestía pantalón azul de vestir, camisa blanca con cuello verde y zapatos negros de vestir. Si usted tiene información que lleve a su paradero puede llamar al 7324-216.
Desaparecidos sin respuesta integral del Estado
Según la investigación denominada “La desaparición de personas y el contexto de violencia actual en El Salvador” realizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, la tolerancia y la indiferencia del Estado ante las desapariciones forzadas ha favorecido que en años recientes, integrantes de las fuerzas de seguridad, grupos de exterminio y las pandillas adopten esta forma delictiva para generar total impunidad ante sus crímenes.
La desaparición de personas no es algo nuevo, según destaca el estudio, en la época del conflicto armado, se estima que 8000 personas fueron desaparecidas forzosamente por agentes del Estado y grupos paramilitares. Con los Acuerdos de Paz que pusieron fin al combate armado entre la Fuerza Armada y el grupo guerrillero FMLN, esta práctica también desapareció.
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Sin embargo, a principio de los años 2000 resurgió como una forma delictiva adoptada por las pandillas y estructuras criminales para lograr la impunidad ante los asesinatos cometidos.
El estudio recalca la falta de estadísticas integradas y validadas a la fecha, a pesar que los primeros casos de desaparición forzada en el periodo post conflicto armado fueron registrados en el 2003.