El sábado 24 de julio fue la última vez que Josué Jonatan López Hernández se comunicó por teléfono con su familia y desde ese día no se sabe nada de él.
El empleado de una empresa de instalación de cable desapareció cerca de las 5:30 de la tarde en el sector conocido como “Las 600” en el cantón Lourdes, de Colón.
Su madre lo ha buscado de manera incansable sin tener una respuesta que la lleve al paradero de su hijo de 31 años.
El caso de Josué es uno de las 763 personas reportadas como desaparecidas entre enero y julio de 2021, según datos de la Fiscalía General de la República.
Un promedio de tres a cuatro personas han desaparecido a diario, según los datos recolectados por esa institución, bajo el delito de desaparición de personas tipificado en el artículo 148-A del Código Penal.
El mayor número de denuncias recibidas en la Fiscalía han sido en abril, contabilizando 133 reportes de personas desaparecidas, un promedio de cuatro casos cada día. En julio la cifra bajó a 107 casos.
Sin embargo, estas cifras pueden diferir con la realidad a falta de un registro único de personas reportadas como desaparecidas en el país.
El pasado 30 de agosto fue conmemorado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y diversas organizaciones aprovecharon la fecha para hacer un llamado a las instituciones de gobierno a trabajar con el fin de terminar con el flagelo de las desapariciones en el país.
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Eduardo García, director ejecutivo de Pro Búsqueda, explica que en El Salvador se tiene el problema de la desaparición de personas desde el conflicto armado hasta la actualidad y aunque los actores son distintos la afectación es la misma para la ciudadanía. “Hay que pedir a las instancias responsables que termine este flagelo”, recalcó García.
El colectivo Alerta Raquel, integrado por un grupo de jóvenes voluntarias que tiene como finalidad compartir alertas en redes sociales sobre niñas y mujeres desaparecidas, también expresó a través de un comunicado su preocupación por el fenómeno de las desapariciones en El Salvador.
El pronunciamiento fue realizado durante una instalación artística frente al monumento de la Constitución en memoria de las niñas y mujeres que se encuentran desaparecidas.
El colectivo exigió al gobierno que dé a conocer el Plan Control Territorial con la finalidad de saber qué acciones están realizando las autoridades gubernamentales para prevenir las desapariciones forzadas en el país, en especial la desaparición de niñas y mujeres.
Tanto Pro-Búsqueda como Alerta Raquel muestran su rechazo a la re-victimización de los desaparecidos y sus familiares por parte de la Asamblea Legislativa al mandar al archivo las propuestas de ley que abordaba el flagelo de las desapariciones, las cuales habían sido elaboradas desde la experiencia de los familiares de las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, dominada por diputados oficialistas, envió al archivo los anteproyectos de la Ley del Banco Nacional de perfiles genéticos, de la Ley de reparación integral de las víctimas del conflicto armado y de la Ley de reparación para jóvenes víctimas de desaparición forzada, por considerar que no estaban “acorde a la realidad”.
Con el fin de crear un Banco Nacional de Datos Genéticos que permitiría crear un registro nacional de familiares de niñas, niños y adultos desaparecidos durante el conflicto armado Pro-Búsqueda propuso en 2019 la Ley del Banco Nacional de perfiles genéticos.
La propuesta fue una respuesta a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 sobre el caso Serrano Cruz, en la que ordenó al Estado salvadoreño a crear una normativa para la creación de un Banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas durante la guerra.
Por su parte, las integrantes de Alerta Raquel también piden a la Asamblea Legislativa que legisle a favor de las niñas y mujeres que han sido víctimas de desaparición por razones de género, incluyendo este delito en la Ley Especial por una vida libre de violencia para las mujeres.
Según el colectivo, las desapariciones de mujeres tienen característica específicas que muchas veces están vinculadas a otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, estupro, delito de trata de personas y los feminicidios.
La denuncia es importante
Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una campaña informativa que tiene como finalidad incentivar el reporte inmediato de casos de desaparición de personas por medio del Protocolo de Acción Urgente (PAU).
Esta iniciativa también busca eliminar los mitos sobre esta problemática. Vida Gómez Asturias, coordinadora del proyecto de personas desaparecidas de la UNODC, comenta que hay muchos prejuicios cuando una persona desaparece. “Uno de los principales mitos es que algunas merecen la desaparición porque quién sabe que estaban haciendo”, agrega.
Para desmitificar esta problemática y promover los derechos de las víctimas la campaña incluye tres mensajes principales: el primero, “la búsqueda es inmediata”, es decir que los familiares no deben esperar 24 hora y mucho menos 72 horas para realizar su reporte.
Gómez explica que los familiares de la persona desaparecida tienen derecho a solicitar lo antes posible el Protocolo de Acción Urgente (PAU), ya sea de forma verbal y escrita y sin formalismo. Los tres lugares donde pueden hacerlo es en la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y Juzgados de Paz.
El segundo mensaje es que “la búsqueda no discrimina” toda persona tiene derecho a la búsqueda sin discriminación, ni estereotipos sexistas o prejuicios.
Según el colectivo Alerta Raquel, en los casos de mujeres la re-victimización es mayor cuando en muchas ocasiones las alertas reciben como respuesta comentarios misóginos y de burla por la condición de género, socavando la dignidad y la integridad tanto de la víctima como la de los familiares.
El tercer mensaje de la campaña es que “la búsqueda no se detiene” en el que se promueve el derecho a la justicia y a la verdad.
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