Los diputados oficialistas aprobaron las observaciones hechas a la Ley Orgánica Judicial, sobre la creación de Juzgados de Garantía y Tribunales contra el Crimen Organizado, para que estos entren en funciones desde el 1 de junio de este año.
Los Tribunales serán las entidades en donde los investigadores de la Fiscalía General de la República acudirán en el desarrollo de investigaciones penales para validar la intervención de las telecomunicaciones, según el decreto.
Lo que se pretende con el Decreto Legislativo 551 de la reforma a la Ley Orgánica Judicial, es el cambio de funciones de algunos juzgados existentes para, crear los Juzgados de Garantía y a la Competencia Contra el Crimen Organizado.
La observación del presidente de la República, Nayib Bukele, fue en tanto a la temporalidad de la entrada en vigencia del decreto, en el que según dijo, quedaba un margen de tiempo en el que entraban en funcionamiento los tribunales, pero sin “seguridad jurídica”.
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“Este decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial, es decir, de acuerdo a las reformas a la Ley especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, la operatividad material de los Juzgados de Garantía estará vigente antes del plazo que establece la Ley Orgánica Judicial para que entren en funciones los Juzgados de Garantía, que como advierto en párrafos que anteceden el funcionamiento y competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Garantía serán efectivas hasta el 1 de enero de 2023 y no antes”, reza la observación aprobada.
La reforma fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobada el 1 de noviembre de 2022: “Se estableció el régimen de excepción para el restablecimiento del orden la Seguridad Ciudadana y el control territorial, el que incrementó la carga de trabajo de las sedes judiciales contra el crimen organizado superando la capacidad de respuesta para atender el flujo de casos”, se consideró para su aprobación.
Entre estos incluirían 42 juzgados especializados de instrucción, especializados de apoyo, especializados de sentencia, juzgados de menores y algunos de paz. Mientras que las cámaras especializadas de lo penal se convertirían en Cámara Primera y Segunda contra el Crimen Organizado.
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Con la reforma, solicitada por la CSJ, los tribunales contra el crimen organizado estarían compuestos por cuatro jueces propietarios, cada uno con sus respectivos suplentes. De entre los cuatro, uno deberá ser juez especializado en casos de menores, al que se le denominará “juez de garantías para el menor”, quien será designado por la misma Corte.
El decreto decía inicialmente que iniciaría vigencia el 1 de enero de 2023, pero las observaciones hechas desde el 8 de noviembre de 2022 no se habían hecho públicas.