Los padres de Fernanda Nájera Quezada viajaron casi dos horas desde Apaneca hasta Santa Ana con la esperanza que este día, por fin, se realizara la audiencia preliminar contra los acusados de asesinar a su hija y posteriormente abandonar al hijo de un año y medio en un cafetal.
Sin embargo, al llegar al Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la Mujer de Santa Ana, les fue informado a través de la apoderada legal, que la actividad judicial había sido suspendida.
Han pasado más de dos años desde que se realizaron las primeras capturas por este caso, sin embargo, el proceso judicial sigue estancado en la etapa de instrucción.
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Para esta mañana estaba programada una diligencia de reconocimiento en rueda de personas para uno de los imputados y posteriormente la audiencia preliminar contra los cinco acusados del feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, de 23 años, ocurrido entre el 31 de enero y 1 de febrero de 2018.
Ambas actividades judiciales fueron suspendidas debido a que el equipo de abogados defensores de uno de los acusados, presentó una constancia alegando que integrantes del equipo han dado positivo al COVID-19, según fueron informadas las partes involucradas en el proceso.
El reconocimiento en rueda de personas originalmente estaba programado para el 29 de junio pasado, pero fue aplazada por el juzgado, después que uno de los abogados defensores presentó un recurso de revocatoria solicitando que no se hiciera la diligencia judicial.
Los acusados
El principal sospechoso de haber cometido el feminicidio es Michael Alejandro Castillo Murga, padre del hijo de Fernanda, quien se encuentra prófugo tras cometer el asesinato de su ex pareja y abandonar a su propio hijo en un cafetal.
La Fiscalía acusa a Michael Alejandro de asesinar a Fernanda y que, para ocultar las evidencias del feminicidio, fue apoyado por cuatro personas más, entre ellas, se acusa su madre: Edith del Carmen Rivas de Murga (prófuga); la novia que en ese momento tenía, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, de 18 años; el médico Roberto Arturo Valdivieso López, de 57 y el exfiscal Donald Augusto Valdivieso López.
La Policía solo logró capturar a tres de los cinco acusados, sin embargo, después que un Juzgado de Paz los enviará a prisión preventiva la Cámara Especializada para una vida libre de violencia de la mujer de Santa Ana, los dejó en libertad con medidas sustitutivas y además, les cambió el delito de fraude procesal a encubrimiento.
El encubrimiento está contemplado en el artículo 308 del Código Penal y es sancionado con penas de seis meses a tres años, por lo que puede ser excarcelable.
Michael Alejandro, quien según residentes de la zona habría huido hacia Estados Unidos, es prófugo y tiene una orden internacional de captura girada por la Policía Internacional (Interpol).
