El Juzgado Noveno de Paz resolvió este lunes que Luis Miguel Hernández Mendoza, acusado de estafar a más de un centenar de jóvenes con la falsa academia para formación de aeromozas, pase a la siguiente fase o instrucción, solo que el imputado seguirá el proceso en libertad.
Quedó abierta la posibilidad, en la etapa de instrucción, de una conciliación con las ofendidas para que el acusado les devuelva el dinero que pagaron por el curso y que al final no satisfizo sus expectativas, afirmó el fiscal del caso.
En el proceso judicial contra Hernández Mendoza se han mostrado afectadas 11 víctimas, pero de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, la lista de ofendidas podría elevarse a más de un centenar.
Investigaciones de las autoridades determinaron que a principio de 2019, Hernández Mendoza colgó una anuncio en las redes sociales en el que se habría la matrícula en el Instituto Técnico de Capacitación de El Salvador (Intercap) para graduarse de tripulante de cabina de aviación y puso a su disposición unos teléfonos para que las interesadas pudieran obtener mayor información.
La promesa era que al terminar los estudios, las interesadas ganarían una licencia de planta y cabina, una oferta que con el tiempo se desvaneció al descubrir que no tenía el respaldo de Aviación Civil, la autoridad competente en esa actividad.
Había dos planes de estudio: de lunes a viernes para salir seis meses, la otra opción era los fines de semana, solo que tardaría de diez meses a un año para completarlo. Algunos estudiantes completaron los seis meses pero no quedaron satisfechos con la oferta educativa y la formación recibida, explicó el fiscal.
La supuesta academia de aeromozas estaba ubicada entre la 41a. Avenida Sur y Alameda Roosevelt, edificio Saba, local 7.
“Había instructores y secretarias que las víctimas expresan que tenía la escuela, una institución que según los abogados defensores, que el imputado se apoyó en otras personas para instalarla”, afirmó el fiscal.
En las investigaciones, Aviación Civil brindó un informe en el que indicó que Hernández Mendoza no era piloto ni que su academia estaba autorizada para operar con ese propósito. En el escrito, quedó establecido pro Aviación Civil que el Hernández Mendoza inició el trámite de legalización de la escuela pero ya no siguió el proceso.
A ese nivel, algunas de las jóvenes ya habían cancelado el valor total del curso completo $1,300, más la matrícula y las horas de vuelo pero al no cumplir con sus promesas, lo denunciaron ante la Fiscalía.
Las alumnas afirmaron a la Fiscalía que en el plan de estudio, los cursos que recibieron no se ajustaban al tipo de formación que esperaban, además las horas vuelo nunca se realizaron.
Un caso
Una de las víctimas residía en Belice, al ver la opción que se abría en El Salvador, viajó de ese país para matricularse y seguir sus estudios.
La joven pagó 600 dólares en cuotas de $100 por mes, pero con el tiempo, observó que los instructores (algunos de artes marciales) se retiraban sin aparente explicación. La joven preguntó a Hernández Mendoza, ¿qué estaba pasando? y fue ahí cuando empezaron a dudar de la solidez de la formación que recibían.
El imputado, intentaba responderles y de hacerles ver que todo estaba bien, pero más que convencerles, para las jóvenes el castillo se caía y más cuando verificaron que la escuela no estaba respaldada por el Ministerio de Educación ni por la Autoridad de Aviación Civil.
Fue en ese momento que ella y otras alumnas fueron a Fiscalía a denunciar al dueño de esta academia, una persona que su experiencia es de chef o cocinero y el Ministerio Público empezó la investigación que terminó con la captura de Hernández Mendoza el lunes anterior.
Las víctimas reclaman el dinero que pagaron más un 25 por ciento por el daño ocasionado.