La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó abrir un proceso, promovido por el presidente Bukele, contra un decreto de la Asamblea Legislativa que favorece a las alcaldías.
Se trata del Decreto Legislativo n° 763, aprobado el 29 de octubre de 2020, que contiene la “Disposición Transitoria para permitir el normal desempeño de las municipalidades en el último semestre de la administración de los concejos municipales electos para el período 2018-2021”.
Dicha disposición transitoria, la cual fue vetada por Bukele, permitía a alcaldías adquirir deudas pese a estar en los últimos 6 meses de gestión. Sin embargo, los diputados superaron el veto del mandatario y ratificaron el decreto, con el argumento del impago del Fodes a las alcaldías.
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Bukele alegó que dicha normativa viola el artículo 135 de la Constitución, que establece que “todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días al Órgano Ejecutivo, y si éste no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley”.
Para el gobernante, el decreto no fue discutido antes de ser aprobado como manda la Constitución ni, según él, se justificó la urgencia de emitirlo (dispensa de trámites).
El decreto fue vetado por Bukele y ratificado por la Asamblea, por lo cual el presidente recurrió a la Sala para promover el proceso de controversia.
Sin embargo, la Sala advierte que “en este caso específico se vuelve necesario procurar la celeridad de los actos procesales por las características propias del objeto en discusión”, por lo cual sólo les dará 48 horas a Bukele y a la Asamblea para que presenten sus alegatos y pruebas, en el caso de la Asamblea.
Esto después que en los meses previos Bukele ha ido vetando los decretos de la Asamblea, ésta los ha ratificado, Bukele ha recurrido a la Sala y esta última ha demorado hasta meses en resolver, incluso cuando ya los decretos habían perdido actualidad.