Un hábeas corpus presentado por una persona que guarda cuarentena en un centro de contención fue admitido por la Sala de lo Constitucional, según se conoció la tarde de este miércoles el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El ciudadano, quien se encuentra en aislamiento en el albergue de la Villa Olímpica, en Ayutuxtepeque, como parte de las medidas contra el coronavirus, demandó al Estado por considerar que se le está violando su derecho a la salud.
La Sala informó que “se admite a trámite” el recurso a favor del denunciante, “quien afirma no estar recibiendo atención médica ni insumos de higiene”, en dicho centro de aislamiento.
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El caso se suma a otras demandas interpuestas por otras personas que se encuentran en cuarentena en diversos albergues.
Uno de dichos recursos fue aceptado por la Sala a favor de un ciudadano que permaneció albergado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, “sin las condiciones necesarias”. En este caso agregó que “se adoptaron medidas cautelares nombrándose ejecutor para verificar lo señalado en la denuncia”.
El máximo tribunal también admitió el hábeas corpus a favor de otros 56 ciudadanos, que en un inicio permanecieron en cuarentena en las instalaciones de la Segunda Brigada Aérea en el aeropuerto. Con base a la denuncia el máximo tribunal ordenó a las autoridades de Salud que se garantice a las personas “un trato digno y que se suministren alimentos, agua potable, tanto para ingerir como para su higiene personal”.
También designó a la jueza Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, para entrevistar a cada uno de los 56 amparados en esa ocasión, y para notificar de esta demanda al presidente, Nayib Bukele.
Un abogado había solicitado en este caso que se eliminara la restricción del estado de cuarentena que ordenó el presidente de la República para los referidos viajeros.
Sala suspende audiencia de seguimiento por ilegalidad de la amnistía
Por otra parte, la Sala suspendió la audiencia de seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General.
La suspensión de la audiencia, que estaba programada para el 15 de abril próximo, obedece a la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia COVID-19.
El tribunal constitucionalista reprogramará una fecha para su realización, por lo que pide a las partes estar atentos a la nueva convocatoria.