La hostilidad y amenazas del presidente Bukele contra la Sala de lo Constitucional depuesta el pasado 1 de mayo, específicamente por resoluciones judiciales en la cuarentena sanitaria, fueron denunciados en el 47º. Periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, señala que “durante la pandemia se han producido ataques, amenazas y hostigamientos, así como campañas de estigmatización o desprestigio, contra operadores de justicia que investigan o tienen a su cargo casos de gran interés público e impacto social, por parte de instancias del poder público. Algunas de estas decisiones han tenido repercusiones en el ejercicio de los derechos, limitando, condicionando e incluso impidiendo aspectos y modalidades de su ejercicio”.
Específicamente en el caso de El Salvador, consigna el documento, el gobernante llegó al punto de acusar a los magistrados de “asesinos”.
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Según el documento, Bukele los responsabilizó de los efectos de la pandemia por la decisión de los jueces constitucionalistas de anular algunos decretos presidenciales por violar derechos humanos de los salvadoreños como la libertad individual y efectuar detenciones y confinamientos ilegales durante la cuarentena obligatoria de 2020.
Al mismo tiempo, dice el informe, Bukele “exhortaba a otras autoridades a no cumplir con sus resoluciones”.
En otro momento, el gobernante dijo que “si fuera dictador, ya los hubiera mandado a fusilar”.
Estas declaraciones y hechos fueron el preámbulo de la destitución de los cinco magistrados, el pasado 1 de mayo, cuando en su lugar fueron nombrados de facto abogados que se consideran afines a la Presidencia, lo cual ha recibido condenas nacionales e internacionales.
El Relator denuncia que “el impacto de la pandemia en las instituciones y las sociedades no tiene precedentes. La justicia se ha visto golpeada en su propio funcionamiento, a través de las limitaciones en el acceso a la misma y, en ocasiones, mediante amenazas o ataques a su funcionamiento y a la función de los abogados”.
El informe también señala que no puede ignorarse el impacto de la corrupción durante la respuesta a la pandemia ni el alarmante dato de los llamados “millonarios COVID”.
“Los estudios han demostrado que la corrupción en el sector de la salud causa pérdidas anuales de 455.000 millones de dólares de los Estados Unidos y, según estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, hasta 2 billones de dólares de costos de adquisiciones podrían perderse debido a la corrupción”, cita el documento.
En este sentido, afirma que existe preocupación por las consecuencias de que algunos de los contratos públicos celebrados como parte de la respuesta estatal a la COVID-19 hayan eludido, por necesidad, el proceso habitual de licitación pública, lo que ha facilitado actos de corrupción que muchas veces no han sido investigados ni sancionados por la justicia.
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La Fiscalía de El Salvador tenía en curso más de 17 expedientes de investigación, desde noviembre de 2020, cuando allanó los ministerios de Salud Pública y de Hacienda, haciendo las pesquisas sobre contratos presuntamente irregulares otorgados a empresas ligadas a funcionarios del gobierno y sus familiares y a compañías extranjeras que no se dedican al abastecimiento de insumos médicos y alimentos, según informó en su momento el Fiscal General depuesto el 1 de mayo, Raúl Melara.