Desde que entró en vigencia el decreto legislativo #144 que obligaba al retiro a los jueces con más de 60 años de edad o 30 años de servicio de la judicatura, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha realizado una serie de traslados de jueces y magistrados que pueden representar un obstáculo para tener el control judicial por parte del Ejecutivo, según funcionarios judiciales y asociaciones de la sociedad civil.
A principios de enero se conoció que la jueza Sexto de Sentencia de San Salvador, Gladis Margarita Salgado había sido removida al juzgado de Paz de Panchimalco, luego de haber rechazado la demanda por difamación de la diputada por Nuevas Ideas, Marcela Pineda contra la investigadora en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar.
La semana pasada, la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Violeta Flores Orellana fue trasladada a un juzgado de Mejicanos.
Fuentes judiciales atribuyen el traslado de la jueza por haberle otorgado la libertad condicional al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien es acusado de ser cómplice del desvío de $14 millones de las tiendas penitenciarias a la organización Asocambio.
“El objetivo parecería ser, ubicarlos donde la judicatura independiente haga menos estorbo”, dijo Juan Antonio Durán, juez Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
Durán, quien ha criticado fuertemente las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con relación a la remoción de jueces y magistrados sin fundamento legal, señaló que “los ataques hacia la judicatura independiente pretenden consolidar el control Judicial mediante el golpe a la Sala de lo Constitucional y contra el Órgano Judicial por el régimen; violando la separación de poderes, la independencia judicial, el estado de Derecho y contra los derechos humanos de la población”.
que deben de ser enviados por el Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ. Foto EDH / Archivo
La magistrada Cesia Marina Romero de Umanzor, otra de las voces protagonistas de las protestas contra las reformas del oficialismo contra los jueces, fue trasladada de la Cámara Ambiental de Santa Tecla a la Cámara de lo Civil de Occidente de Santa Ana.
Los magistrados Carlos Sánchez y Martín Rogel Zepeda también fueron removidos de sus cargos. Sánchez, quien fue destituido ilegalmente de la Sala de lo Constitucional, fue trasladado a una Cámara de Menores y Rogel a la Cámara de Cojutepeque, Cuscatlán.
El magistrado Samuel Lizama fue removido de la Cámara Medioambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla a la Cámara mixta de San Vicente.
“La lucha por una judicatura independiente y fuerte no es nueva ni ha sido fácil, a lo largo de tanto gobierno. Son quienes viven de la corrupción los que atacan la independencia judicial para garantizar su impunidad y perseguir a sus rivales y adversarios”, dijo el juez Durán.
Otros de los nombramientos que han sido cuestionados es el de la magistrada Marta Lidia Peraza que de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador fue enviada a la Cámara mixta de San Vicente.
Carlos Solórzano Trejo, quien era magistrado de la Cámara Primera de lo Penal de San Miguel fue nombrado en la Cámara de Menores de la referida ciudad.
El juez Víctor Meléndez fue removido del de Menores de San Miguel al juzgado de Menores de La Unión; mientras que el juez Tomás López Salinas, quien fungía en el Antimafia de Instrucción de Occidente en Santa Ana pasó al juzgado de Instrucción de San Juan Opico, La Libertad.
A los anteriores se suman la separación de los jueces Sidney Blanco y Jorge Guzmán por no estar de acuerdo con el proceso irregular del retiro obligado de los funcionarios judiciales.
Blanco era juez de Sentencia en San Miguel y Guzmán era el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán; y llevaba el proceso de la masacre de El Mozote.