INFOGRAFÍA: Los rostros de los prófugos del caso Saqueo Público ligados al expresidente Mauricio Funes

El 27 de junio el Juzgado Quinto de Paz giró las órdenes de detención que luego la Policía hizo llegar a la Interpol, pero a casi un mes del mandato, ni siquiera en el portal figuran los nombres de los imputados.

Vanda Pignato: Está acusada de haber viajado a costa del erario sola y acompañada de sus parientes a diferentes países en plan turismo. No se encontró justificación alguna de que lo hiciera en misión oficial por su cargo en el gobierno.

Por Jaime López

Jul 22, 2018- 21:28

A casi un mes de que el Juez Quinto de Paz de San Salvador decretó orden internacional de captura contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y otras 14 personas, entre ellas su compañera de vida y sus dos hijos, la Policía Nacional Civil y la Policía Internacional (Interpol) aún no han dado con ellos, quienes han sido acusados por la Fiscalía en el desvío de más de 351 millones de dólares.

La medida surgió porque solo seis de los 31 implicados fueron detenidos en la operación “Saqueo Público” realizada entre el 7 y 8 de junio y ante el bajo resultado el Fiscal General, Douglas Meléndez, se ha pronunciado.

Uno de los que la Fiscalía logró capturar es Miguel Antonio Menéndez, conocido como Mecafé, acusado de lavado de dinero y activos. Pero la gran pregunta es ¿qué pasó con los restantes? El Fiscal General, Douglas Meléndez, tiene sus reservas, por lo que manifestó que investiga la posibilidad de una fuga de información en relación a las capturas en caso “Saqueo Público”.

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Meléndez afirmó que cuando se giraron las órdenes, varios de los imputados estaban en el país. “Nos parece extraño que nosotros si habíamos hecho algunas indagaciones y muchas de estas personas se encontraban en el país”, remarcó el Fiscal General.

A Meléndez le pareció sospechoso que luego de conocerse las órdenes de captura, Francisco Cáceres, el exsecretario privado de la Presidencia, salió del país hacia Guatemala y de ahí, reiteró que existió una “posibilidad de filtración de información”.

Incluso, afirmó en una entrevista matutina en la televisión que “al menos un exfuncionario de Casa Presidencial fue alertado, sacado de su habitación y trasladado” a otro lugar, tras ser advertido que había orden de captura en su contra.

Ante esa posibilidad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, afirmó que de inmediato cuando la Fiscalía giró las órdenes de captura, la PNC procedió a hacerlas efectivas; “el hecho que algunos acusados no estén en el país eso tampoco vuelve imposible continuar la persecución”.

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Luego de la operación policial otros dos implicados se sumaron a las detenciones: la exprimera dama, Vanda Pignato y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, David Rivas.

La primera fue ubicada en un hospital privado de Santa Tecla, el 12 de junio y le leyeron la orden de detención girada por el Juzgado Quinto de Paz, para quien además, la Fiscalía General de la República, había pedido medidas alternas a la prisión por encontrarse delicada de salud, tras un cáncer que padece.

Dos días después y de forma sorpresiva, el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia (14 de junio), se presentó al Juzgado Quinto de Paz para entregarse a las autoridades y enfrentar los cargos que le imputan.

Con ellos dos y otros tres más que ya estaban en prisión, la lista de 31 imputados se reducía a 20 que aún no han sido arrestados y para quienes el Juez Quinto de Paz giró órdenes de captura, pero a 25 días de la medida, el rompecabezas de la Operación Saqueo Público no se resuelve. Tampoco la Interpol tiene en su web la lista de los prófugos en la operación, pero eso no quiere decir que las órdenes no estén activas, afirmó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.

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Aclaró que hay difusiones rojas que son visibles a todos los ciudadanos en el portal oficial, mientras que otras solo son vistas por las policías adscritas a la Interpol.

El caso de Funes y su familia
Mauricio Funes, su actual compañera de vida y sus dos hijos (Diego y Carlos), quienes cuentan con el beneficio de asilo político otorgado por el gobierno nicaragüense, son cuatro de los 15 reclamados por la justicia salvadoreños.
Para algunos juristas, el asilo político del que gozan Funes y sus familiares es un blindaje legal que podría retrasar sus capturas.

Hay al menos dos vías de extradición: una es la tradicional, que se hace luego de que la orden judicial asciende a la Corte Suprema de Justicia y ésta la somete al pleno para que autorice el trámite, que de ser positivo pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien traslada la solicitud a su homólogo nicaragüense.

Las otras opciones están contempladas en tratados internaciones: uno surgió a través de laConvención Interamericana contra la Corrupción, el 29 de marzo de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, según el presidente del Centro de Estudios Jurídicos Humberto Sáenz Marinero.

En este mecanismo no se requiere de la engorrosa tramitología de la extradición tradicional, sino que solo depende de Fiscalía a Fiscalía del país solicitante y del país anfitrión, lo que reduciría el tiempo de respuesta.

Los militares
A Funes y su familia se suman los demás prófugos. Algunos son exfuncionarios de gobierno de quienes las autoridades no tienen idea de su localización.

Dos de ellos son militares; Willian Eduardo Guzmán Arbaiza y Luis Alfredo Maida. Ambos estaban destacados en el Estado Mayor del Ejército, quienes luego de saber que había orden de detención en su contra se ausentaron de sus cargos, afirmó el ministro de Defensa, David Munguía Payés.

Para los dos militares, Munguía Payés dijo que se ha abierto un proceso administrativo por abandono de sus cargos.
“Estamos siguiendo un proceso administrativo por abandono de servicio, que es el delito que se comete en la Fuerza Armada cuando una persona que está de alta se ausenta”, señaló el jefe castrense.

Según la Fiscalía, Guzmán Arbaiza y Maida formaban parte de la red de 31 personas que ayudaron a Funes a extraer y lavar la millonaria cifra, cuyo proceso fue enviado a la etapa de instrucción en junio pasado.

Los delito que se atribuyen a los procesados en este caso son peculado (apropiarse de fondos públicos) y lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y encubrimiento.

Junto al proceso judicial contra los acusados, la Fiscalía inició el congelamiento de cuentas bancarias y la extinción de dominio de al menos 24 propiedades como residencias, quintas, ranchos de playa, vehículos, entre otros.

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