“Estamos hablando que se ha logrado determinar por parte de la Fiscalía General que son casi 50 millones de dólares, los que esta gente le robó al Estado, entre peculado, lavado de dinero”, dijo el fiscal general, Raúl Melara al referirse al caso de la presa El Chaparral en el que la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó $45.2 millones de más a la empresa italiana Astaldi solo por el 29.9 por ciento de los trabajos de construcción de la referida obra.
Cuando Melara señala “esta gente” se refiere al expresidente prófugo Mauricio Funes; su pareja sentimental, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza; el expresidente de la CEL, Leopoldo Samour; José Miguel Antonio Menéndez, conocido como Mecafé; el italiano Mario Federico Perasgostine Marocchi, representante legal de Astaldi; y el contador de la referida constructora, José Efraín Quinteros.
De esos $45 millones 244 mil entregados de más a la empresa Astaldi, Funes y sus allegados como Mecafé y Samour; recibieron $3.5 millones en dádiva por parte de la constructora italiana por haber autorizado el trato directo ilegal y así evitar ir a un arbitraje internacional en el que CEL tenía el 70 por ciento de las posibilidades de ganar, según la Fiscalía.
CEL tenía que haberle pagado solo $63 millones a la constructora por la obra inconclusa de la presa El Chaparral. El contrato original entre CEL y Astaldi establecía que la construcción de la obra iba a tener un costo de $219 millones 900 mil.
Al final, la construcción de la presa costará un total de $759.4 millones al cierre de 2020, lo que significará un incremento de $551.6 millones con respecto al costo inicial.
A Funes le atribuyen los delitos de peculado (apropiarse de bienes públicos), lavado de dinero, y agrupaciones ilícitas. A Samour lo acusan de peculado y agrupaciones ilícitas; mientras que a Mecafé de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Al italiano Pieragostini se le acusa de cohecho activo (soborno); mientras que a Quinteros y a Guzmán Siguenza de lavar dinero de ese trato ilegal, según la Fiscalía.
De todos los acusados, solo Mecafé se encuentra detenido en el sector nueve del centro penal La Esperanza conocido como Mariona. El resto de los acusados son prófugos de la justicia. Guzmán Siguenza también se encuentra en Nicaragua junto a Funes.
Ayer tarde, la Fiscalía General ratificó la acusación contra Funes, Mecafé, Samour y los otros tres imputados por los supuestos actos de corrupción que se cometieron después de que Astaldi abandonara los trabajos de la presa El Chaparral y que posteriormente se hiciera un trato directo ilegal que permitió que la constructora recibiera los $108.5 millones solo por el 29.9 por ciento de construcción de la obra.
La ratificación fue presentada en el juzgado Noveno de Instrucción que deberá de programar la audiencia preliminar en contra de Funes y los otros cinco imputados.
“Se ha logrado determinar la trasabilidad de todo ese dinero, adónde ha quedado y cuál fue la manera en la que trataron para poderse apropiar de todos estos recursos que al final vienen de los impuestos de la gente”, dijo Melara en conferencia de prensa.
Explicó que la ratificación de la acusación está sustentada en más de 70 testigos de cargo que relatan la manera de como “este hecho (de corrupción) se fue dando paso a paso”. A los testigos se le suman los 1,252 documentos, las 112 evidencias y 34 experticias que confirman el pago de $45.2 millones extra entregado a la empresa italiana Astaldi.
Proceso judicial comenzó en enero de 2019
La petición fiscal para que se les abriera el proceso comenzó en enero de 2019, cuando la Fiscalía pidió las detenciones de los seis imputados.
Las investigaciones fiscales detallan que en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, el entonces presidente de CEL, Leopoldo Samour, por instrucciones de Funes; y el representante de ASTALDI, Perasgostine Marocchi, anularon el contrato y desviaron los $108.5 millones que generaron a la empresa más $45.2 millones.
“Los dictámenes de las consultoras establecen que la posibilidad de ganar en un arbitraje era del 70 por ciento a favor del Estado de El Salvador”, dijo German Arriaza, jefe anticorrupción de la Fiscalía.
Explicó que la pericia técnica realizada a petición del gobierno salvadoreño estableció que los argumentos de Astaldi para detener la construcción “no eran ciertos, no había tal movimiento del cerro”.
A pesar de lo anterior, Funes, Samour, Mecafé y Perasgostine Marocchi; decidieron hacer un arreglo directo entre el gobierno salvadoreño y la empresa italiana, con lo que “contravinieron toda la normativa directa”, dijo Arriaza.
Se complica la extradición del prófugo Mauricio Funes
El fiscal Melara reconoció que les será difícil extraditar a Funes por haberse nacionalizado nicaraguense. “Lastimosamente el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaraguense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él, pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados que están siendo procesados. En el caso de él esto tendrá que esperar”, dijo Melara.
Agregó que “lo más seguro es que él (Funes) este viendo esta conferencia y va a comenzar a tuitear como loco diciendo que está es persecución política…Aqui les estamos graficando lo que realmente es un entramado criminal para idear todo este tema de El Chaparral..Todo esto fue liderado por Mauricio Funes, Mecafé y Samour”.