En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, el gobierno de Nayib Bukele contempla los fondos provenientes de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente en negociación.
En el apartado que hace referencia a la brecha fiscal (porcentaje del presupuesto que no puede financiarse con ingresos propios del Estado, sino con deuda), se establece que “el financiamiento para dicha brecha será cubierta principalmente con fuentes provenientes de Organismos Multilaterales, específicamente con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, una vez se suscriba el acuerdo con el FMI”.
La brecha para 2022 es de $498.2 millones, según lo establece el Ministerio de Hacienda, aunque analistas han afirmado que podría ser mayor debido a que no está contemplando préstamos aprobados este año.
Este financiamiento del FMI, sin embargo, aún no está oficializado para El Salvador. De hecho, en el periodo actual de negociaciones, hay llamados por parte de organizaciones de la sociedad civil para que el Fondo establezca como precondición para cualquier financiamiento que gobierno de El Salvador cumpla con garantías mínimas de respeto a la democracia y los derechos humanos.
Un grupo de influyentes organizaciones de la sociedad civil llamó a que se exija un restablecimiento de la Sala de lo Constitucional legítimamente electa en 2018 y que fue removida por la fuerza el 1 de mayo, así como el fiscal general legítimo. También piden que se vele por cesar la remoción de jueces a raíz de una reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada sin seguir lo que llama la ley.
Estas entidades de sociedad civil piden que el Fondo vigile, antes de desembolsar cualquier dinero, reinstalar a los jueces removidos y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cierre las puertas a la reelección presidencial consecutiva, algo que la Sala de lo Constitucional impuesta avaló a pesar de que la Constitución lo prohíbe abiertamente.
Pocas opciones
A juicio de la economista Tatiana Marroquín, que el gobierno dé por sentado que recibirá este financiamiento muestra “qué tan pocas opciones financieramente plausibles tienen”.
Por otro lado, manifestó que “no veo muestras de cumplir con los parámetros mínimos de transparencia y ordenamiento en las finanzas públicas que exige el FMI”.
Johnny Wright, diputado de Nuestro Tiempo, afirmó que le queda la duda sobre esta presunción de que se contará con el acuerdo del FMI. “Aunque si de presunciones se trata, en la construcción de los presupuestos de los últimos años, tienden a ser irresponsables e irreales”, lamentó el diputado opositor.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos, dijo a este medio que hasta hoy conocieron el proyecto de presupuesto, 11 días después de que el ministro de Hacienda lo llevara al presidente del Legislativo, el diputado Ernesto Castro de Nuevas Ideas.
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Ortiz llamó a estar pendientes de las discusiones que vengan en los próximos días y sostuvo que es el ministro de Hacienda quien debe responder sobre el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Mientras que la diputada del FMLN, Anabel Belloso, manifestó que "decirlo (contemplar financiamiento del FMI) sin haber concluido el acuerdo es irresponsable". Además, dijo a este medio que "como puede ser el fondo, puede ser otro organismo" el que dé el dinero para cerrar la brecha fiscal, "si es que aún nos quieren prestar".
Esto último, pues las condiciones políticas, fiscales, económicas e institucionales del país han sido inestables en los últimos meses.
Por ello, Belloso llamó al ministro Zelaya a "informar cómo va el proceso de discusión con el FMI".