Los números no mienten. En un repaso hecho por el analista económico Claudio De Rosa, se desprende que el Gobierno sí ha tenido fondos suficientes. Son $4,100 millones para enfrentar la pandemia, pero como dicen los diputados, uno de ellos, Rodolfo Parker, del PDC, el Ejecutivo se niega a entregar las facturas de los gastos.
“Nosotros tenemos certeza de lo que hemos entregado, de cómo han gastado ese dinero, no sabemos, y no quieren dar información al respecto”, manifestó Parker en una entrevista televisiva.
Mientras tanto el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, acusa a los diputados que no le han aprobado los recursos que necesita para compensar la caída de los ingresos corrientes.
Por falta de dinero, el funcionario justificó que se atrasó 17 días con el pago del salario de los empleados y diputados de la Asamblea y aún les adeuda a las alcaldías cinco meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes).
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, convocó de nuevo a Zelaya para el día de ayer con el objetivo de abordar qué solución en conjunto con los legisladores pueden dar para pagar el Fodes, pero el funcionario no llegó.
Zelaya insiste en que no tiene fondos para honrar el pago del Fodes, a pesar de que el dinero ya estaba previsto en el presupuesto de 2020. El funcionario argumenta que los ingresos, que es de donde sale el pago para los alcaldes, se cayeron debido a la pandemia.
Sin embargo, De Rosa revela los datos reales sobre los ingresos que ha tenido Hacienda, mismos que fueron confirmados por los diputados Parker; Nidia Díaz, del FMLN y Donato Vaquerano, de ARENA.
Solo en emisión de Letes (Letras del Tesoro del Estado), el Gobierno adquirió en deuda $485 millones; en Cetes, que es deuda de corto plazo son $645 millones; de fondos incorporados al presupuesto de 2020 provenientes de créditos son $688 millones; de emisión de bonos $1,000 millones y en donaciones son $88 millones, haciendo un total de $2,908 millones, de ingresos extraordinarios, es decir, que no vienen de impuestos.
Al respecto, Parker hizo un desglose de lo que han encontrado en la misma página web de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
“Allí aparece que los ingresos ordinarios a agosto serían $3,228 millones y los ingresos extraordinarios $3,238 millones, pero para el caso de lo que el ministro (de Hacienda) llegó a decir el sábado a esa reunión (con PCN y GANA) dijo que sólo habían ingresado de recursos extraordinarios $606 millones, es un avance, porque generalmente él y los suyos decían que ni un centavo partido por la mitad se habían recibido”, expresó Parker.
Según Zelaya, el Gobierno solo ha recibido de préstamos ratificados, $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); $197 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y $20 millones del Banco Mundial (BM).
Sin embargo, Parker explicó que el Gobierno olvida que también emitió $1,000 millones emitido en bonos y autorizados por la Asamblea, de los cuales $600 millones eran para el Fideicomiso para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
“¿Y los $1,000 millones que fueron a colocar al 9.5%? eso nos llevaría a sumar en cuanto a los $606 millones más los $1,000 millones, estaríamos sumando $1,606 millones, pero además, ha habido emisión de Letes y Cetes por cerca de $1,630 millones, lo que nos lleva a ingresos extraordinarios certificados por el expresidente del Banco Central de Reserva por $3,238 millones”, expresó Parker.
El diputado pedecista hizo otra acotación en cuanto a los $1,000 millones, afirmando que el gobierno “engañó” a la Asamblea, ya que $600 millones eran para los micro empresarios y el resto $400 millones, distribuidos así: $300 millones para pagar a proveedores y $100 millones para el IVA a exportadores.
“Eso ya estaba en el presupuesto ordinario previsto y provisionado, engañaron a la Asamblea Legislativa”, dijo Parker y agregó que el Gobierno usó para la pandemia $640 millones que iban para inversión pública de 2020.
Los datos también fueron certificados por el economista De Rosa. En un cuadro comparativo, el experto detalla la cantidad de préstamos para la pandemia que han sido aprobados e incorporados al presupuesto de la Nación y lo que resta por avalar de parte de los diputados; más lo que el Gobierno tiene pendiente de negociar con la banca multilateral.
Fondos líquidos con los que el Gobierno ya cuenta agregados al gasto estatal son $688 millones; desglosados de la siguiente manera: $25 millones tomados del presupuesto del Seguro Social para equipar el Hospital del CIFCO; $42 millones del Programa de Contingencia para recuperación ante desastres naturales de Japón (JICA); más otros $4 millones incluidos a ese mismo programa para el Fopromid (Fondo de prevención y mitigación de desastres).
Más otros $389 millones del FMI; $11 millones de un préstamo de KFW; $20 millones de un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); $197.5 millones con el BID.
A esto se suman $1,000 millones de emisión de títulos valores para el Fideicomiso; y $88.2 millones provenientes de donaciones.
Autorizados por la Asamblea en espera de aprobación en primera vuelta $350 millones de un préstamo con el BID para el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19; $50 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19; y $50 millones con el BID para financiar el proyecto de respuesta inmediata de salud pública para contener el coronavirus y mitigar sus efectos.
Mientras que el Ejecutivo tiene en la etapa de negociación inicial un total de $1,380.2 millones. Este dinero es el que no ha llegado a la Asamblea para discutirlo. Entre ellos, se cuenta un crédito por $115.2 millones con el BCIE para mejorar 25 espacios deportivos; otro de $350 millones con el BCIE para el financiamiento de la recuperación económica; de $250 millones con BCIE de préstamo de libre disponibilidad; $15 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para la emergencia para la salud; y $650 millones con el BID para la cobertura educativa.