El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla programó para el 21 y 22 de agosto una audiencia especial en la que deberá conocer la acusación que pesa contra el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes Castillo, por el delito de estafa en perjuicio de dos víctimas.
La decisión del Juzgado de Santa Tecla fue en cumplimiento a una resolución de la Cámara de lo Penal de Santa Tecla tras apelación de Fiscalía General de la República por el sobreseimiento definitivo a favor de Paredes el año pasado, tras considerar que ya estaba vencido el plazo de ocho años para juzgar el delito, indica La Prensa Gráfica en su publicación de este miércoles.
Los magistrados de la Cámara de Santa Tecla ordenaron al Juzgado Segundo de Instrucción que volviera a realizar una audiencia para revocar el sobreseimiento definitivo a favor de Paredes y contra César Augusto Alvarado Reyes, exviceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de Francisco Flores (1999-2004).
Pero los defensores de Paredes reaccionaron y acudieron a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y ésta le dio la razón a la Cámara que le ordena realizar una nueva audiencia programada para el 21 y 22 de agosto, confirmó la oficina de Comunicaciones de los Juzgados de Santa Tecla.
En ese sentido Paredes Castillo, que funge como el presidente del Banco Central de Reserva, deberá comparecer por segunda vez ante un Juzgado de Instrucción Santa Tecla, donde tres víctimas les reclaman el pago de más de medio millón de dólares por un fallido negocio inmobiliario, según detalla una publicación del diario digital El Faro, en la edición del 7 de julio.
Fiscalía y abogados querellantes reclamarán el pago de $754,333.79 dólares que tres mujeres pagaron a la inmobiliaria Lomas de Santa Elena a cambio de 26 lotes prometidos en una urbanización en Nuevo Cuscatlán. Los procesados, entre ellos Paredes Castillo, firmaron esos contratos de promesas de ventas, entre el 2006 y 2008, indica El Faro.
La Fiscalía acusa a Paredes Castillo y Alvarado Reyes de haber cobrado por unos lotes de la empresa Lomas de Santa Elena que supuestamente le pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Los imputados eran los representantes de la sociedad que comercializó los terrenos, según las investigaciones.