Lo que inició como reunión para conocer la opinión de dos ex diputadas de ARENA y FMLN para conocer el mecanismo de entrega de fondos a Organizaciones no Gubernamentales en gestiones pasadas se convirtió anoche en una serie de faltas de respeto y cortes de micrófono a las invitadas cuando las respuestas no eran las que los diputados oficialistas esperaban.
El primer turno correspondió a la exdiputada de ARENA, Milena de Escalón, quien reiteró a los diputados de la comisión especial legislativa que la entrega de dichos fondos siempre fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la disponibilidad que se tenía.
“Consultábamos con el Ministerio de Hacienda antes de designar fondos a las ONG”, afirmó De Escalón en el seno de la comisión.
En algún momento se le quitó el micrófono a De Escalón, pero el caso más grave fue el de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña.
La exdiputada admitió que ella promovió el traslado de recursos a ONG relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, entre otras, pero aclaró que los dictámenes que salían de la comisión de Hacienda eran “recomendaciones” de entregar dichos fondos.
A las preguntas de los parlamentarios, Peña aclaró que el destino de fondos para ONG tiene que ver con gastos que las instituciones no pueden cubrir solo con su presupuesto asignado. Además, expresó a los diputados de Nuevas Ideas que toda la información se puede consultar, no como ahora que el gobierno ha limitado el acceso a la información pública.
“La información la analizaba el ministerio de Hacienda, Economía, los grupos parlamentarios. Claro, no estaban reservados los datos”, fue la primera punzada que lanzó la exdiputada al oficialismo, quien ha declarado en reserva la mayoría de información relacionada a las compras de emergencia hechas en la pandemia, incluso la compra de las vacunas anticovid.
Pero ese fue solo el inicio de la complicada jornada nocturna. Aunque Peña había sido citada a la comisión a las 2 de la tarde, su turno de entrevista fue hasta entrada la noche.
Los diputados, ante las informadas respuestas de la efemelenista optaron por dar un receso.
Antes de la pausa, la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, cerraba el micrófono de Peña para que sus respuestas no fueran audibles en la transmisión en vivo de la comisión, cuando estas no eran placenteras a los diputados del oficialismo.
Peña incluso reclamó faltas de respeto a los diputados, específicamente a Caleb Navarro.
Navarro, de Nuevas Ideas, hizo un comentario misógino en contra de la ex diputada. Ese momento fue cuando Navarro le cuestionaba sobre un procedimiento del cual Peña argumentaba cómo se destinaban fondos a las ONG.
“¿Y este procedimiento de formación de ley por donde se lo pasó?”, preguntó Navarro, a lo que Peña contestó: “Me preguntó que por donde me pasé esa cosa, pues no me lo pasé por el arco del triunfo…”, y en ese momento la presidenta de la Comisión, Alexia Rivas, cerró el micrófono. “Él también debe medir sus palabras”, razonó Peña, y añadió “solo porque soy mujer no haga ese tipo de metáforas tan vulgares”.
Peña también denunció en la comisión que los diputados de Nuevas Ideas la amenazaban con señalarla de desacato cuando no respondía lo que querían escuchar.
En un tuit el diputado René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, recomendó a los diputados analizar bien cuando es que un funcionario cae en desacato. “No contestar una pregunta como el funcionario quiere, no es desacato. Hay que leer”, escribió Portillo Cuadra en su cuenta de Twitter y publicó un extracto de cuándo es que no aplica el desacato de acuerdo a la Constitución.
El diputado Carlos Herman Bruch, también de Nuevas Ideas, le reiteró a Peña en repetidas ocasiones que ahora Peña está sola y que ni en el FMLN la quieren. “Hoy no hay guerra, pero podemos amanecer”, le esgrimió Peña a Bruch.
La discusión continuó y siguió durante horas, redundando en casi lo mismo. Peña como De Escalón, reiteraban que el artículo 131 de la Constitución les facultaba para trasladar fondos a las ONG y que siempre se hacía media vez el Ministro de Hacienda de turno informara que habían recursos disponibles.
“Aquí podemos amanecer, pero sepa que no me obligará a decir mentiras, usted quiere que me incrimine”, le decía Peña a Navarro y a Rivas, quienes fueron los parlamentarios que más la azuzaban.
Peña les insistía en que se amparaban en lo que dicta la Constitución, “si para usted la Constitución es corrupta. El proceso está en la Constitución y está desde hace varios años”, les instó Peña.
La parlamentaria les expresó que los documentos que revisaba para otorgar fondos a las ONG no era para “entretenerse” sino para valorar si ameritaba que se les diera recursos públicos.
Autorizaba Hacienda
De Escalón añadió que la facultad que tiene la Asamblea de designar recursos para esas entidades está plasmado en el artículo 131 numeral 8 y 11 de la Constitución de poder decretar de manera general beneficios o incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades sociales.
Además, se cercioraban de que el peticionario estuviera legalmente con personería jurídica inscrito en el Ministerio de Gobernación, por lo que tenían que adjuntar con su solicitud el documento que los acreditaba como una ONG legal.
De Escalón aclaró que los recursos no se designaban a discreción de los diputados y que los mismos tenían que ser auditados no solo por la Corte de Cuentas de la República, sino también por el Ministerio al que se adjudicaban, ya que algunas ONG estaban directamente relacionadas con algunas áreas de Salud o Educación, por ejemplo, por lo que esos Ministerios son los responsables de que el dinero sea bien ejecutado.
“El dinero, el Ministro de Hacienda se lo daba al ministerio correspondiente, si era de salud al ministerio de Salud y así, ese ministerio tenía la obligación de auditar, no solamente la Corte de Cuentas de la República, sino el Ministerio que daba el dinero a la organización tenía que auditar si esos proyectos estaban hechos”, expresó la ex diputada.
Los diputados cuestionaron que De Escalón promovió que se trasladaran $316 mil a una ONG ambiental de Santa Ana, de la cual la ex diputada fungió como vicepresidenta; sin embargo, la ex funcionaria aclaró que ella renunció al cargo en 2017.
Los diputados también citaron a cuatro ex funcionarios del Congreso para que expliquen cuál era el procedimiento a seguir para destinar recursos del Estado a las organizaciones no gubernamentales.
En la mañana los legisladores escucharon al exjefe de Asesoría Técnica legislativa, Jorge Estrada y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda.