“Apenas tres días después que el primer caso de coronavirus se registrara en América Latina, volví a El Salvador luego de trabajar como coordinador de proyecto para Médicos Sin Fronteras (MSF) en la frontera colombo-venezolana. Ahí, el equipo de MSF trabaja brindando atención en salud primaria integral a migrantes venezolanos que, aparte de enfrentar condiciones de vulnerabilidad, no tienen acceso a salud. También se enfrentan a la xenofobia: varias personas me dijeron que, aparte de traer la delincuencia, el virus sería traído por los venezolanos a Colombia, que era necesario reforzar más las fronteras.
El conflicto entre las principales guerrillas colombianas y las fuerzas de seguridad se estaba reactivando, generando desplazamientos forzados internos a causa de la violencia. A algunos de estos respondimos con clínicas móviles. Es uno más de los escenarios que enfrentan en común la población local y los migrantes.
Volví a San Salvador a coordinar el proyecto en medio del confinamiento temprano por la COVID-19 decretado por el gobierno salvadoreño.
El primer caso de coronavirus en El Salvador, anunciado por el gobierno, fue de un hombre que entró al país por un punto ciego. Inmediatamente, y por meses, hubo una situación de incertidumbre. Nadie podía andar por las calles, la policía y las pandillas castigaban a las personas que no acataban las medidas, escasearon la comida y el agua. Y la violencia a causa del conflicto entre pandillas y fuerzas de seguridad, siguió.
Apoyo
Desde MSF, nuestros equipos llevaron atención de salud mental a centros de contención en donde las personas que ingresaban deportadas desde EE. UU. o México permanecían en la incertidumbre a esperas de salir a las calles de un país del cual huyeron. Y el que, al salir, no les brindaba oportunidades.
La persecución al migrante también se producía fuera de los centros: Un día nos llamaron de una comunidad en el que un retornado estaba siendo acosado. Había emigrado desde El Salvador buscando nuevas oportunidades, se estableció en Europa y regresó a El Salvador solo para visitar por unos días a su familia. La suspensión de los vuelos internacionales lo dejó en tierra, no podía regresar a Europa. La pandilla local, que lo acusaba de portar el virus, lo había expulsado de la comunidad. Si no se iba, lo iban a agredir.
Coordinamos con el Ministerio de Salud y nuestros equipos para poder dar seguimiento a él y a su familia en caso de que presentara síntomas, y le ofrecimos el resto de nuestros servicios, médicos y psicológicos.
Lo mismo hicimos en otra locación, donde la pandilla y la comunidad tenían rodeada una vivienda, exigiendo que un señor que había trabajado en Honduras y regresado en los días anteriores al cierre de fronteras se fuera.
Realizamos también actividades de sensibilización con la población local, por teléfono o videollamada, debido a la incapacidad de hacer actividades grupales para prevenir contagio de COVID-19. Pero la historia se repetía. En otra comunidad, la policía capturó a un señor por denuncia de ser migrante, y llevado a un centro de contención. No fueron episodios aislados en esa etapa.