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“Si (el gobierno) va a crear su propia lista de corrupción, ahí debe haber funcionarios actuales”, dice Eduardo Escobar

Para el director ejecutivo de Acción Ciudadana, es lamentable que el gobierno esté más interesado en humillar y exponer a sus adversarios que en prevenir, perseguir y castigar la corrupción dentro de sus propias filas.

Por Ricardo Avelar | Jul 06, 2021- 08:50

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Foto EDH / @Frentea_Frente

Casi inmediatamente después de que se conociera la Lista Engel, que contiene 14 nombres de salvadoreños vinculados a corrupción incluyendo a funcionarios actuales, la narrativa del gobierno giró a “hacer su propia lista”, en la que anuncian que revelarán casos de corrupción. Sin embargo, el gobierno parece enfocarse únicamente en ilícitos cometidos en el pasado.

Al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, cuestionó esta mañana en la entrevista Frente a Frente que el gobierno esté pretendiendo ignorar los ilícitos presentes en la actualidad.

Ilustró, por ejemplo, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) identificó al menos una docena de indicios de corrupción en el gasto durante la pandemia, además de los señalamientos de la Corte de Cuentas de irregularidades en algunos ministerios.

VEA: “Lista Engel desnuda autoritarismo y corrupción de Bukele”, dicen expertos

“Si (el gobierno) va a crear su propia lista de corrupción, ahí debe haber funcionarios actuales”, señaló el director de Acción Ciudadana. Si no lo hace, añadió el experto en transparencia y lucha anticorrupción, “el eslogan ‘devuelvan lo robado’ no parece aplicable para el gobierno actual”.

Desde su instalación en junio de 2019, el gobierno actual ha enarbolado la bandera de la corrupción, pero funcionarios actuales han sido vinculados a ilícitos. Numerosas notas periodísticas, investigaciones de CICIES, reportes de Corte de Cuentas y ahora la investigación realizada por el gobierno de Estados Unidos dan cuenta de irregularidades en compras, particularmente durante la pandemia, sobreprecios, contratos otorgados a personas cercanas a funcionarios, entre otros.

Por ello, Escobar retó al gobierno: “¿Por qué omitir a estos funcionarios si hay un compromiso de campaña del gobierno por combatir la corrupción venga de donde venga?”, e hizo extensivo el llamado al fiscal general de facto, Rodolfo Delgado: “¿Por qué va a permitir que esta gente señalada quede como si nada? ¿Por qué el fiscal impuesto dice que lo que allá es un delito aquí no? Delito es delito”, criticó el abogado.

Un gobierno poco confiable

Lejos de tomar en serio las investigaciones de CICIES y darles trámite para limpiar su gestión de corrupción, el gobierno de Nayib Bukele optó por dar fin a esta comisión que fue en su momento una de sus principales banderas.

VEA TAMBIÉN: Ricardo Zúñiga: “La lista Engel se puede ampliar, habrá más listas y nombres en el futuro”

El pasado 7 de abril, el titular de la Comisión, Ronalth Ochaeta, anunció que habían remitido a la Fiscalía General de la República 12 casos de posible corrupción en cinco ministerios. Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos anunció que darían un refuerzo presupuestario de $2 millones para garantizar la operatividad y autonomía de la comisión. Poco después, sin embargo, el proyecto fue abandonado por el gobierno.

“Lo que muestra el tema de CICIES es que no tenemos un gobierno serio que cumpla sus compromisos”, criticó Escobar, quien dijo que la forma en que fue expulsada del país manda un mensaje a posibles socios en la lucha contra la corrupción de que esta gestión no tomará en serio este combate.

Escarnio, no justicia

El director de Acción Ciudadana lamenta que la idea del combate a la corrupción de este gobierno va más sobre exponer a sus rivales políticos, que realmente combatir el mal uso de recursos del Estado.

Asimismo, advierte que “no tenemos certeza como organizaciones de sociedad civil de que no enfrentaremos consecuencias por ser críticos de lo que hace el gobierno” y señala que ya hay persecución política contra críticos y manipulación de las instituciones del Estado al servicio del bando oficialista.

“La lógica del gobierno es hacer este escarnio público contra los opositores”, sentenció.

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