LACAP rige si no hay ley de Emergencia

Es posible ser transparente aún en compras directas cuando hay una situación de Emergencia, señala Fusades

Foto EDH / Archivo

Por Enrique Miranda

May 19, 2020- 04:30

Todo funcionario público que durante esta crisis adquiera bienes sin atender los lineamientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) mientras el Estado de Emergencia no esté amparado por un decreto legislativo se expone a sanciones, recordó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

“Mientras no sea la Asamblea Legislativa la que habilite el estado de emergencia en una ley y, con ello, la aplicación de los lineamientos específicos, de acuerdo con el art. 234 Cn., toda adquisición de bienes o servicios que cualquier funcionario ordene, autorice o ejecute, sin seguir los procedimientos de la LACAP, le podría acarrear responsabilidad patrimonial y penal, según sea el caso”, dijo el tanque de pensamiento en un análisis tras el intento del Presidente Nayib Bukele de prorrogar un decreto legislativo con uno ejecutivo, el cual ha sido congelado ayer por la Sala de lo Constitucional mientras estudia su legalidad.

Fusades rechazó la maniobra del Ejecutivo del sábado a la medianoche cuando estaba por vencer el decreto legislativo que declara la Emergencia y permite obviar la ley Lacap.

“Con esto, aplicando una norma jerárquicamente inferior a la ley, se pretenden obviar procedimientos ordinarios que aseguran la transparencia y uso efectivo de los fondos públicos”, sentencia.

“Escuetos” informes

El tanque de pensamiento también llamó la atención sobre la solicitud de los diputados de información más completa al Ejecutivo en la compras realizadas durante el combate en la pandemia y recordó cómo los diputados rechazaron por escueto una captura de pantalla que les envió el ministerio de Obras Públicas ante la solicitud de datos sobre el avance en la construcción del hospital en el Centro de Ferias (Cifco).

“El entregar informes con contenido irrelevante y de manera incompleta constituye una vulneración al derecho de acceso a la información pública y a su vez genera un claro incumplimiento de la obligación que tienen los funcionarios de rendir cuentas, especialmente en Estado de Emergencia, lo cual crea espacios de opacidad que pueden conducir a un uso indebido de los fondos públicos y poner en riesgo la vida de las personas en una crisis de salud”, afirma la institución.

Por último, el tanque de pensamiento llama al Ejecutivo a llevar a cabo compras relativas a la emergencia por covid-19 rindiendo cuentas claras y además utilizando el principio de máxima publicidad cuando sea oportuno y apegado a las normas.

“ A pesar de estar frente a una situación excepcional, no debe olvidarse la importancia de transparentar el quehacer de las instituciones, y principalmente, el destino que se le está dando a los fondos, por ser recursos públicos aprobados para destinarlos exclusivamente para atender la emergencia y sus efectos”, dice el análisis de Fusades.

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