Catorce pandilleros que delinquían en el centro de San Salvador enfrentan un segundo juicio por lavado de dinero, porque el juez que los condenó en la primera vista pública murió antes de firmar la sentencia.
"Se está volviendo a realizar este juicio en virtud del lamentable acontecimiento de la muerte del juez que conoció de este juicio en el mes de julio del presente año", dijo la fiscal del caso.
Agregó que ya "se había dictado el fallo correspondiente, pero no estaba finalizada ni firmada la sentencia. En ese sentido, ya la ley ha dispuesto la salida que debe darse, es decir, iniciarse de nuevo este juicio".
La vista pública fue instalada por el juzgado Antimafia de Sentencia A de San Salvador.
En el primer juicio, el juzgador, quien murió de un paro cardíaco, condenó a los 14 pandilleros a penas de entre cinco y ocho años de prisión.
Las investigaciones fiscales apuntan que los imputados lavaban el dinero que obtenían de las extorsiones, venta de cigarrillos de contrabando y de la distribución de drogas en inmuebles y vehículos.
"Se capta el dinero y este es invertido, dándole una posible apariencia de legalidad, de manera específica en bienes inmuebles, bienes muebles, y vehículos en su mayor cantidad", dijo la fiscal.
La vista pública comenzó este lunes contra los catorce pandilleros acusados de lavado de dinero y se estima que se va a prolongar hasta el 12 de noviembre próximo.
Lavaron $100,000 proveniente de actividades delictivas cometidas en el centro de San Salvador
Las investigaciones fiscales arrojan que éstos pandilleros habrían lavado más de $100,000 provenientes de las extorsiones que les exigían a comerciantes de la zona céntrica de San Salvador. Además de la venta de cigarrillos de contrabando y el tráfico de droga en el mismo sector, entre los años 2018 y 2019.
También compraban pequeños negocios que se los administraban terceras personas conocidas como prestanombres y les hacían préstamos a los comerciantes que ellos mismos extorsionaban, según la Fiscalía.
El dinero que no podían invertir lo escondían o lo enterraban para evitar que se los confiscaran las autoridades en caso fueran detenidos, según las investigaciones fiscales.
En el marco de las capturas de los catorce imputados, las autoridades fiscales decomisaron diez vehículos y tres negocios, así como varios inmuebles, los cuales en su momento fueron puestos a la orden del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En la condena del primer juicio, el juzgador ordenó que tenían que devolverle $15,000 a una persona que les compró un terreno y $9,000 a otra víctima que les compró un vehículo. Los dos bienes están embargados bajo la administración del CONAB.
Para comprobar la participación de los 14 imputados en el lavado de dinero, el juez anterior fundamentó su sentencia en los audios de las intervenciones telefónicas que les hicieron a los celulares de los procesados y también en las declaraciones de testigos y víctimas.