Romero es la clave en el proceso judicial de un comerciante de Nueva Concepción, Chalatenango, que se armó de valor para denunciar a los pandilleros que lo extorsionaban desde 2019.
La víctima aseguró a la Fiscalía General que entregaba $2,000 cada mes a la pandilla para que lo dejara trabajar tranquilo. Las entregas del dinero se hacían entre los días 25 y 30 de cada mes.
Relató que tuvo un poco de alivio, aunque no tenía ingresos económicos, en el período del encierro obligatorio por la pandemia del Covid-19 en 2020 porque no lo extorsionaron.
Sin embargo, cuando se dispuso la reapertura económica, los pandilleros volvieron a contactarlo para volverle a exigir los $2,000.
Romero cansado de ser extorsionado, decidió denunciar a los pandilleros.
Durante las investigaciones, los números telefónicos de los cabecillas de la pandilla fueron intervenidos por la Fiscalía General.
En las intervenciones telefónicas, las autoridades fiscales determinaron que los pandilleros extorsionaban a no menos de 50 comerciantes y empresarios de autobuses de Nueva Concepción. Pero sólo 30 víctimas decidieron denunciar, entre éstos Romero.
“Se determinó que extorsionaban al comercio formal, informal, empresas grandes, transporte público y hasta les cobraban $5 a las vendedoras de verduras”, dijo uno de los fiscales en su intervención en la audiencia.
Por extorsionar a las 30 víctimas, el juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador instaló ayer la audiencia contra 49 pandilleros y colaboradores de la pandilla.
Entre los imputados figuran un supuesto pastor evangélico y la propietaria de la venta de productos lácteos que se hizo pasar como víctima, pero las intervenciones telefónicas determinaron que les colaboraba y les daba instrucciones a los pandilleros, según los fiscales.
También son acusados de distribuir droga, contrabando de cigarrillos y la privación de libertad de un supuesto pandillero.