El próximo 26 de agosto, el ex fiscal general, Luis Martínez cumplirá la pena de cinco años de prisión que le impuso el tribunal Sexto de Sentencia por haber divulgado públicamente conversaciones privadas captadas por el Centro de Intervención Telefónica del sacerdote Antonio Rodríguez López Tercero conocido como padre Toño.
El juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria ratificó esta mañana en audiencia especial que Martínez cumple su condena el 26 de agosto próximo, pero como tiene otros dos procesos judiciales pendientes deberá de ser enviado a arresto domiciliar debido a que el plazo de los dos años en detención preventiva ya los cumplió.
"Cuando se de el cumplimiento de la condena que se está ejecutándose y cumpliendo el interno Luis Antonio Martínez González pase a un arresto domiciliario y a la imposición de un dispositivo electrónico (brazalete electrónico)", dijo una fiscal de vigilancia penitenciaria.
"A partir del día 27 de agosto, él pasaría a un arresto domiciliario, incluso ya se proporcionó la dirección en donde él va a ser trasladado. El juez también manifestó a los representantes de la Policía que se pondrá a disposición de ellos para ser trasladado a la dirección donde se va a dar el arresto domiciliario", dijo la fiscal.
El abogado Martín Santos, quien hasta esta audiencia fue el defensor de Martínez, le manifestó al juez que sea puesto en libertad con las medidas que sustituyan a la detención que le han impuesto en los otros dos juzgados.
Sin embargo, representantes de Centros Penales que estuvieron en la audiencia manifestaron al juez Quinto de Vigilancia Penitenciaria que por el momento no tienen brazaletes electrónicos disponibles lo que podría exceder el tiempo que Martínez pueda estar en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona.
Esa situación planteada por Centros Penales no fue del agrado del ex fiscal Martínez, quien aseguró que ya se venció el plazo de la detención provisional que son dos años, según la ley penal, y sino sale el 27 de agosto, entonces le estarían violando su derecho constitucional a la libertad personal y caería en detención ilegal.
Antes de que el juez diera a conocer su decisión, Martínez le pidió que si podía ordenar su libertad (arresto domiciliar) antes del 26 de agosto para poder preparar su defensa técnica en los otros dos procesos judiciales que tiene pendientes.
Para justificar ese beneficio, el ex Fiscal General argumentó que había cumplido con 192 días adicionales de jornadas laborales de alfabetización y evangelización de adultos mayores recluidos en el penal. Sin embargo, el juez le denegó esa petición.
Luis Martínez está pendiente de la audiencia preliminar en el caso conocido como Corruptela, en el que supuestamente dirigía una red de corrupción que se dedicaba a recibir sobornos para poder favorecer a imputados para no seguir con los casos. Esto habría ocurrido durante su gestión en la Fiscalía General.
En este caso, la Fiscalía lo acusa de haber recibido $1.4 millones de parte del ex presidente prófugo Mauricio Funes para que no lo investigara en el proceso de la presa inconclusa El Chaparral y en la tregua entre las pandillas. También habría favorecido a Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia.
En este proceso, Martínez es acusado de 15 delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado (apropiación de fondos públicos), cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas y omisión de la investigación.
Este proceso se ventila en el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador que le dio medidas sustitutivas a la detención porque ya había cumplido los dos años de estar en prisión preventiva, tal como lo señala la ley. Sin embargo, una Cámara revocó esas medidas y ordenó arresto domiciliar con custodia policial.
En el tribunal Tercero de Sentencia está pendiente que se le haga juicio por los delitos de omisión de la investigación y revelación de información y documentos secretos por un funcionario. En este caso también está procesado Enrique Rais.
Resulta que Martínez, siendo Fiscal General, favoreció a Rais en un proceso judicial en el que habría acusado de manera fraudulenta a dos abogados por estafa y extorsión.
También como se le cumplieron los dos años de detención provisional, el referido tribunal le otorgó arresto domiciliar con brazalete electrónico.
Pero como Martínez cumplía la condena de cinco años en la cárcel, entonces, el arresto domiciliar quedó en suspenso y es por eso que al cumplir con esa pena es que podrá estar detenido en su casa.
Otra de las situaciones que se discutió en la audiencia fue la indemnización de $56,038.82 que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a Martínez a pagarle al padre Toño por daños y perjuicios por haber divulgado las conversaciones telefónicas privadas.
El ex Fiscal General dijo que estaba dispuesto a poder llegar a un acuerdo con la víctima, pero que por el momento no puede responder económicamente por "el excesivo poder de la Fiscalía General en contra de su persona y de sus bienes".
En noviembre de 2018, la Fiscalía le confiscó a Martínez, seis propiedades y do vehículos que habrían sido adquiridas con fondos de origen ilícito y fueron puestas a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Los inmuebles están en residencial Joyas de las Piletas, en Santa Tecla; una casa de campo en Comasagua, y otra en la residencial Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, los tres son municipios de La Libertad. Otra casa está en el barrio San Miguelito, de San Salvador, y hay dos más en Santa Ana.