El juzgado Antimafia de Sentencia B suspendió el juicio que le seguía a 40 acusados de apropiarse de inmuebles y vehículos de manera ilegal para después venderlos.
La suspensión se debió a que tres imputados y dos abogados defensores resultaron positivo a Covid-19, por lo que ya cumplen con los 14 días de cuarentena.
"Se ha tomado a bien por parte del tribunal un aplazamiento, un receso nada más, la audiencia sigue instalada para poderse instalar el día 27 de enero", dijo una fiscal del caso.
El tribunal ordenó que el resto de personas que son parte del juicio se sometan a las pruebas médicas para saber si están o no contagiados.
Además de tomar las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades de organismos internacionales de la salud para evitar más contagios, porque "todos estamos corriendo el riesgo de tener el virus", explicó la fiscal.
"Hoy se suponía que se iba a hacer una prueba acá a todos los que quisieran, pero estábamos esperando al Ministerio de Salud, pero no vinieron y a raíz de la suspensión nos vamos", dijo el abogado Luis Bernal.
También, cuatro empleados de varios juzgados de Paz resultaron contagiados con Covid-19, por lo que las autoridades dispusieron de desinfectar los referidos juzgados para evitar más contagios.
En el juicio del caso conocido como Inmuebles, los fiscales del caso estaban exponiendo las evidencias con las que cuentan para poder acusar a las 40 personas, entre ellas dos abogados, un investigador de la policía, empleados del Centro Nacional de Registros (CNR) y dos pandilleros.
"Éstas personas tenían una lista de inmuebles que estaban suspendidos por el impago de impuestos, entonces se tenían por abandonados. Posteriormente éstas personas lo que hacían era verificar si reunían las condiciones para obtener algún tipo de beneficio económico con algunos abogados", dijo la fiscal del caso.
Agregó que estas personas "hacían las escrituras con las que se apropiaban de éstos inmuebles, cancelaciones de bienes de familia, donaciones, cancelaciones de hipotecas. Así fue que se apropiaron de esos inmuebles".
Luego lo que hacían era buscar por medios de intermediarios para que ofrecieran estos inmuebles, obtenían el beneficio patrimonial en beneficio de éstas personas y así alimentaban a la estructura y se daba el lavado de dinero, explicó.
Se tienen documentados la apropiación ilegal de 26 inmuebles y 39 vehículos que luego los vendían a precios bajos.
"Hay inmuebles valorados en $120,000, hay inmuebles valorados en $80,000 y que éstas personas los vendían en precios risibles de $20,000 ó $25,000. Estamos hablando de una gran cantidad la afectación patrimonial para las personas (víctimas)", dijo la fiscal.