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Consejo Latinoamericano señala violación al debido proceso en caso de ex funcionarios del FMLN

Este organismo considera que arrestos de los exfuncionarios buscan coartar el derecho a la participación democrática.

Por David Marroquín | Ago 11, 2021- 17:46

Este organismo internacional considera que las detenciones de los ex funcionarios forman parte de una operación de acoso político. Foto EDH / archivo

“Los detenidos (cinco ex funcionarios del FMLN) no gozan de las garantías mínimas del debido proceso y no han podido acceder a medicamentos indispensables para su salud”, señala el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) con relación al caso de los exfuncionarios del primer gobierno del partido de izquierda.

Éstos cinco ex funcionarios más otros cinco para quienes hay orden de captura son acusados por la Fiscalía General de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero.

VER: Familiares de ex funcionarios del FMLN denunciaron que Centros Penales no permite ingreso a PDDH

Este organismo latinoamericano considera, en base a las denuncias recibidas, que las capturas de éstas personas que formaron parte del primer gobierno del FMLN, buscan “debilitar el Estado de Derecho y coartar el derecho a la participación democrática de ciudadanos y organizaciones que no comparten el proyecto autoritario del Gobierno del presidente Nayib Bukele”.

A juicio del referido organismo “se trata de una peligrosa operación de acoso político mediante una guerra jurídica (lawfare) contra los líderes de la oposición. Han enviado requerimientos legales represivos contra diez dirigentes que formaron parte del gabinete 2009-2014”.

Consideran que cinco de esos ex funcionarios fueron detenidos sin “justa causa”.

Advierten además que los acusados “están a la espera de procesos judiciales que seguramente serán manipulados por jueces y autoridades de control al servicio del régimen”.

Este Consejo demandó el respeto a la democracia en El Salvador en la que se respete ”el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los sectores progresistas en dicho país”.

Además piden la conformación de “una veeduría internacional que garantice el libre ejercicio de los derechos políticos, humanos y jurídicos de los dirigentes perseguidos”.

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