Armando Durán se volvió a encontrar con su secuestrador, 35 años después de ese triste capítulo que él vivió por más de un mes en el marco del pasado conflicto armado. El reencuentro sirvió para pedir perdón y para perdonar a través de un fuerte abrazo entre víctima y victimario.
Durán y su secuestrador, un exguerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); terminaron con un emotivo abrazo con el que cerraban las heridas del pasado para darle paso a un acuerdo de justicia restaurativa solicitado por la víctima.
Lo anterior ocurrió en una audiencia celebrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinada por el juzgado de Menores de San Miguel como parte " del proceso de reparación que solicitó la víctima, donde el imputado reconoció su participación en el hecho", informó la Fiscalía General.
En la audiencia se leyó un escrito que presentó el secuestrador confeso en el que "acepta y reconoce el daño emocional y psicológico que sufrió la víctima".
Durán denunció su secuestro 15 días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993.
"Realmente fui el primero que me presenté 15 días de haber sido declarada la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Las víctima del pasado conflicto armado estuvimos invisibilizados por la Ley de Amnistía", dijo Durán en su intervención.
Cuando Durán fue secuestrado, él tenía 17 años de edad y residía en Usulután. Fue plagiado el 7 de diciembre de 1986 por guerrilleros del ERP y liberado el 13 de enero de 1987, luego de que su familia pagara 50 mil colones y entregara otros objetos de gran valor que se supone fueron usados en los campamentos guerrilleros de esa organización.
"Dar gracias a mi derecho constitucional de acceso a la justicia y tutela judicial por darme la posibilidad de alcanzar la verdad, la justicia, reparación integral y promesa de no repetición. Las víctimas del pasado conflicto armado no queremos venganza, solo justicia", dijo Durán.
En octubre de 2018, la unidad de delitos cometidos en el conflicto armado de la Fiscalía General pidió la apertura del proceso en el juzgado de Menores de San Miguel, pero después de una serie de tropiezos de carácter legales y judiciales, la Cámara de Menores de San Miguel declaró el caso como "un delito de lesa humanidad y por ende, sin posibilidades de prescribir".
Fue entonces que el tribunal superior ordenó que el caso del secuestro de Durán lo siguiera conociendo el juzgado de Menores de San Miguel.
En el marco de ese proceso, víctima y victimario alcanzaron un acuerdo conciliatorio.
"Esa conciliación ha sido la herramienta para que se revistan los acuerdos logrados de justicia restaurativa y transicional, para que se conozca la verdad de cómo sucedieron los hechos y como garantía ante esto se tiene que casos como el descrito no se repitan", señala la Fiscalía General al referirse al primer caso judicial relacionado a un delito de lesa humanidad del pasado del conflicto armado que termina en un emotivo abrazo de perdón y de justicia restaurativa.