La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo presentado el pasado 16 de noviembre por el Fiscal General elegido por el oficialismo, Rodolfo Delgado, para que se revise una resolución emitida en septiembre de 2020 relacionada a la masacre de los jesuitas, y se reabra el caso.
La resolución de la Sala de lo Penal había ordenado el cierre definitivo del proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por integrantes del Ejército salvadoreño, en el interior del la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
VER: Fiscal General pide a Sala de lo Constitucional la reapertura del caso Jesuitas
Según informó la Corte Suprema, a través de un comunicado, el amparo presentado por Delgado fue admitido porque consideran que la Sala de lo Penal “lesionó los derechos a la seguridad jurídica, a conocer la verdad”.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional dicen en su resolución que consideran que al cerrar el caso “se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad”.
Magistrado Presidente, Óscar Alberto López Jerez informa admisión de demanda presentada por la @FGR_SV sobre el caso Jesuitas. pic.twitter.com/wcamcPEqAn
— Sala de lo Constitucional (@SalaCnalSV) November 24, 2021
Según el documento, con la resolución de admisión, la Sala de lo Constitucional reconoce el derecho de toda persona y a la sociedad en general a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quienes participaron en ellos.
La abogada constitucionalista, Erika Saldaña, reaccionó en Twitter al comunicado de la Sala, criticando la argumentación que hace al admitir el amparo. “Una resolución de admisión se basa en la existencia probable de la vulneración de derechos. La redacción del comunicado más parece una sentencia adelantada”, expresó en Twitter.
El amparo fue presentado por el fiscal Delgado hace apenas ocho días.
Con la decisión de la Sala de lo Penal, más de una decena de ex altos jefes militares quedaron exonerados de las acusaciones. El coronel retirado Guillermo Benavides es el único que cumple una condena de 30 años de prisión por los asesinatos en el país; mientras el coronel Inocente Orlando Montano cumple una pena de 133 años de cárcel en España.