La secretaría general de Interpol con sede en Lyon, Francia, reiteró su decisión a las autoridades judiciales salvadoreñas de no hacer efectivas las capturas de los cinco ex funcionarios del FMLN ligados al caso sobresueldos por considerar que el proceso es político.
Los cinco acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito fueron funcionarios en la gestión del expresidente prófugo Mauricio Funes.
El juez suplente del Segundo de Paz de San Salvador pidió a Interpol que se hicieran efectivas las órdenes de captura a nivel internacional.
Curiosamente, este juez fue ascendido a magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, sin que tenga la experiencia suficiente para ejercer tan delicado cargo, según fuentes judiciales.
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El organismo policial denegó en un primer momento la petición de difusión roja contra los cinco acusados.
La Fiscalía General solicitó al juzgado Segundo de Instrucción que pidiera a Interpol que reconsiderara la negativa a publicar las notificaciones rojas.
La secretaría general de este organismo internacional le respondió el 27 de octubre pasado al referido juzgado.
"Después de un examen exhaustivo de estos elementos, en consonancia con la práctica de larga fecha de Interpol, la secretaría general concluyó que, a pesar de los delitos graves de derecho como pudieron haberse cometido, las publicaciones de las notificaciones pondrían en tela de juicio la neutralidad de la organización", señala Interpol.
Agrega que "en vista de lo anterior y de la información adicional proporcionada por su OCN (oficina Interpol El Salvador), la secretaría general concluye que las solicitudes se inscriben en el ámbito del artículo 3 de la Constitución de Interpol y que no está en condiciones de publicar las notificaciones rojas solicitadas".
En ese sentido, la información relativa a las personas buscadas ya se eliminó de la base de datos de Interpol.
Es así que el referido organismo policial internacional respondió a la reconsideración pedida por la Fiscalía General a través del juzgado sobre la negativa de la difusión roja de los procesados considerados prófugos.
El artículo 3 de la Constitución de Interpol prohíbe al referido organismo participar en asuntos de carácter político, militar, religioso y racial.
En este caso específico, Interpol señala que se hizo "un análisis del tratamiento de datos del proceso y en especial de los cargos políticos anteriores de los interesados, de las implicaciones para la neutralidad de la organización y el contexto político general del caso".
La justicia salvadoreña considera prófugos a los ex funcionarios del FMLN Guillermo López Suárez, Gerson Martínez, Lina Dolores Pohl, Manuel Melgar y el ex presidente Salvador Sánchez Cerén. Éste último es procesado por el período de cuando fue Vicepresidente en la gestión de Funes.
Melgar fue exonerado del cargo de enriquecimiento ilícito recientemente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por esos mismos hechos es procesado en el juzgado Segundo de Instrucción, según sus abogados.
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Hay otros cinco ex funcionarios del primer gobierno del FMLN que guardan prisión en los penales La Esperanza en Mariona y en Cárcel de Mujeres en Ilopango.
Entre ellos figura el ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien también fue exonerado de enriquecimiento ilícito por la Corte Suprema de Justicia.
Familiares de estos cinco acusados se han quejado que las autoridades de Centros Penales no les permiten verlos con la excusa de la pandemia del Covid-19.