Una pena máxima de doce años de prisión por tráfico ilegal de personas, protección para las víctimas de este delito y el plan nacional de prevención del tráfico ilegal de personas; son los ejes principales que contempla el proyecto de la Ley Especial para el combate de ese flagelo criminal.
La propuesta de ley fue presentada esta mañana por el fiscal general, Raúl Melara a la Asamblea Legislativa.
Actualmente, el delito de tráfico ilegal de personas está contemplado en el artículo 367-A del Código Penal y tiene una pena máxima de ocho años de prisión.
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“Es insuficiente para afrontar las estructuras del crimen organizado. Es necesaria una legislación que permita al país, perseguir a los criminales que engañan y se lucran de poblaciones vulnerables en la región”, dijo Melara.
Cuenta con las herramientas legales para perseguir a los traficantes y despojar de los bienes ilícitos provenientes del tráfico ilegal de personas.
Fortalece además la cooperación nacional e internacional para que se pueda detectar y perseguir ese delito de manera integral.
El proyecto que se presentó al Órgano Legislativo tiene el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Es importante destacar que el proyecto presentado busca promover la protección de los derechos de las personas que han sido objeto del tráfico ilegal de personas, por medio de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y familia, como uno de los ejes centrales”, señala la Fiscalía a través de un comunicado.
El incremento de la pena máxima de ocho a 12 años de prisión es una de las novedades del proyecto.
“El que por sí o por medio de otra u otras personas, con el propósito de evadir controles migratorios del país u otros países transporte, traslade, albergue, guíe, intente introducir o introduzca personas extranjeras en tránsito o con destino a El Salvador u otro país, será sancionado con prisión de ocho a doce años”, señala la propuesta.
El Plan Nacional de Prevención del delito de Tráfico Ilegal de Personas es otra de las necesidades que según el proyecto se requiere para enfrentar ese fenómeno criminal.
El referido plan será el marco fundamental que regirá la política nacional de la prevención y protección de los derechos de las personas víctimas del tráfico ilegal.