El gobierno actual ha venido publicitando como bandera en materia de seguridad la baja de homicidios y que esto es resultado de su plan Control Territorial. Pero esto ha quedado en duda cuando las investigaciones de la Fiscalía General de la República se vieron reforzadas con las recientes revelaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene negociaciones con las pandillas criminales para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y económicos.
A la luz de ese supuesto pacto con esos grupos criminales, hace que los homicidios sean menos que el año pasado. Hasta el 15 de diciembre pasado, la violencia criminal había acabado con la vida de 1,078 personas, cifra que es menor con respecto al mismo período de 2020, cuando se contabilizaba 1,285 muertes violentas. En resumen hay 207 casos menos.
Los primeros cinco meses de este año superaron los 100 homicidios por mes. Enero cerró con 111 muertes violentas, febrero con 108, marzo tuvo 112, abril con 105 y mayo con 117. No fue hasta noviembre que se volvió a superar el centenar de asesinatos al cerrar con 114 muertes violentas.
Los registros de la Policía detallan que mayo de este año con más homicidios (117), seguido de noviembre (114) , y marzo (112). Además, mayo, marzo, junio y noviembre superaron la cifra de homicidios registrada los mismos meses de 2020.
Si bien es cierto que hay una disminución de las muertes violentas con respecto al año pasado, en el transcurso de este año salieron a la luz pública más revelaciones de las negociaciones que mantiene el gobierno de Bukele con las pandillas criminales, lo que pone entredicho la efectividad del plan Control Territorial, según analistas en seguridad y organizaciones no gubernamentales.
Esta hipótesis cobró fuerza con las sanciones que les impusiera el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos funcionarios leales del gobierno de Nayib Bukele como lo son el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín por haber negociado con las pandillas criminales en representación del gobierno.
Las señales o indicios de esas negociaciones para bajar los niveles de violencia comenzaron a salir a la luz pública desde finales del año pasado. El periódico digital El Faro reveló en septiembre de 2020 que el gobierno de Bukele tenía más de un año de estar negociando con cabecillas encarcelados de la pandilla mara Salvatrucha (MS), lo que está sustentado en documentos oficiales del propio gobierno que involucraba a Osiris Luna y a Carlos Marroquín.
En agosto de este año, esos pactos del gobierno con las pandillas fueron ratificados por investigaciones que llevaba la Fiscalía General bajo la gestión del fiscal destituido ilegalmente, Raúl Melara, y que retomó El Faro.
En esta nueva publicación, el periódico digital demostró con fotografías el ingreso de Luna, Marroquín y hombres encapuchados a varios penales para reunirse con cabecillas de las pandillas, señaló el periódico.
Otra revelación de las supuestas negociaciones salió a la luz pública en septiembre pasado. El periódico La Prensa Gráfica reveló el 12 de septiembre que Osiris Luna había usado el hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca, La Paz, “como centro para para reunirse con cabecillas de la MS-13, entre noviembre de 2019 y agosto de 2021”.
“Fuentes internas del nosocomio confirman el ingreso de al menos cinco pandilleros en reiteradas ocasiones con el pretexto de someterse a tratamientos médicos, pese a que sus síntomas no compaginan con alguna enfermedad de gravedad que obligara un traslado desde el centro penitenciario”, señaló la publicación del referido periódico.
El repunte de noviembre
Lo que llamó la atención de analistas en Seguridad Pública es que si el publicitado plan de seguridad del gobierno fuera tan efectivo, entonces por qué hay momentos en los que la violencia letal sube hasta alcanzar 15 muertes violentas por día y luego esa escalada se viene a la derriba con cero o un homicidio en un día como sucedió en el período del 9 al 11 de noviembre pasado.
En ese lapso de tiempo, 45 personas murieron a raíz de la violencia homicida que en su mayoría fue causada por las pandillas criminales, de acuerdo a la Policía.
Como dato curioso, en los siguientes dos días del repunte de homicidios, la policía solo registró una muerte violenta. La respuesta del gobierno a esa escalada de violencia fue la militarización de los municipios en los que hubo la mayor cantidad de homicidios, una reacción que de hecho llegó tardía.
Esto supuso una conclusión de algunos especialistas en materia de seguridad: los delincuentes tienen la llave para abrir o cerrar la válvula de los homicidios.
Otro señalamiento que se hace es que si bien hay baja de homicidios, las desapariciones siguen sin tregua, eso aunado al hallazgo de fosas clandestinas, una de las más grandes situada en Chalchuapa, irónicamente en la casa de un exagente de la Policía.