José Balmore Díaz Pineda murió el pasado 1 de abril en el hospital Rosales. Como la mayoría de quienes han muerto mientras estaban bajo la responsabilidad del Estado en las prisiones, también la causa de su muerte es “edema pulmonar”, según consta en el documento que el Instituto de Medicina Legal (IML) le entregó a la familia.
Balmore es el segundo vecino de La Laguna, municipio de Chalatenango, que muere mientras estaba en prisión, bajo el régimen de excepción que lleva más de dos años de vigencia con el pretexto de combatir a las pandillas.
De acuerdo con familiares y vecinos, la víctima no era miembro de pandilla, más bien es descrito como un campesino que trabajaba en la agricultura y que le gustaba ingerir licor luego de sus jornadas de trabajo.
Y fue precisamente mientras departía licor en 2022 con un reconocido miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) en una cantina de La Laguna, que surgió el problema por lo cual, horas después, elementos policiales de ese municipio lo fueron a capturar a su vivienda, donde dormía, según lugareños.
El incidente
Familiares y vecinos de Balmore aseguran que mientras departían con el policía, comenzaron a discutir y a insultarse, aparentemente porque Balmore había enamorado a la mujer del policía, que es parte de un grupo élite.
Como a las 10:00 p.m. del 5 de agosto de 2022, mientras Balmore ya estaba dormido, en el piso de su vivienda, debido a la borrachera, llegaron a la casa, comenzaron a golpearlo fuertemente, lo sacaron arrastrado y se lo llevaron al puesto policial donde continuaron golpeándolo.
Aproximadamente a las 12 p.m., es decir, dos horas después de sacarlo de su casa, Balmore fue llevado del puesto policial a la unidad de salud del municipio. Quienes lo vieron aseguran que iba bañado en sangre. Esa fue la última vez que lo vieron con vida.
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“Lo hallaron bolito, fondeado; lo golpearon como ellos (policías) quisieron, lo arrastraron a la calle y se lo llevaron. Ya en el puesto (policial) lo siguieron golpeando”, aseguró un familiar de la víctima.
El lunes pasado, aproximadamente a las 8:00 a.m. la familia de Balmore recibió una llamada de la Granja Penal de Zacatecoluca (departamento de La Paz), a través de la cual les dijeron que había fallecido en el hospital Rosales. No les dijeron más.
Segundo proceso por agrupaciones ilícitas
Aparentemente, de la primera acusación había logrado salir bien librado, o al menos con medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, como muchas personas que fueron capturadas de manera arbitraria bajo el régimen de excepción, no había sido puesto en libertad y continuaba en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca.
En esas condiciones, el pasado 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) lo volvió a acusar del delito de agrupaciones ilícitas, incluyéndolo en una acusación contra 182 personas, todas por el delito de agrupaciones ilícitas.
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De los 182 acusados, solo a 16 les imputaron el delito de homicidio agravado; los 166 restantes, solo por agrupaciones ilícitas.
De hecho, de acuerdo con fuentes judiciales, en la resolución judicial en la que se recibe la solicitud fiscal para que se realice audiencia de imposición de medidas, el juzgado previno a la fiscalía que se pronunciara y solicitara lo que correspondía conforme a Derecho, sobre aquellos imputados que, en su mayoría, ya estaban siendo procesados bajo el régimen de excepción por el delito de agrupaciones ilícitas.
Es el segundo muerto
Balmore no es el primero de Laguna entierran por haber muerto mientras estaban en prisión, tras ser capturados arbitrariamente por autoridades policiales o militares bajo el régimen de excepción.
El 26 de septiembre de 2022, José Serafín Fuentes Guerra, de 36 años, murió tras permanecer cuatro meses en detención provisional. Militares lo arrestaron junto a dos de sus hermanos y por lo menos una docena de lugareños, acusados falsamente de pertenecer a pandillas.
Serafín era un agricultor y albañil. Su familia y vecinos aseguran que el delito por el que lo arrestaron jamás fue cometido por la víctima, pues no tenía ningún vínculo con pandillas.
Hasta finales de febrero anterior, la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, SJH, afirmó que al menos 235 personas capturadas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, habían muerto mientras estaban sujetas a proceso judicial por agrupaciones ilícitas.