En su trigésimo octavo aniversario, la Constitución se encuentra en grave peligro.
Promulgada el 15 de diciembre de 1983, la ley máxima del país fue diseñada en medio del conflicto armado pero con miras a establecer un Estado republicano, es decir, establecer límites y balances al poder y el principio de que ningún salvadoreño puede estar encima de la ley, así sea este muy poderoso.
Esto, para evitar y prevenir algunos de los abusos de poder y excesos que desencadenaron algunas de las tensiones que eventualmente llevaron al país a una sangrienta guerra.
Casi cuatro décadas después, la Carta Magna salvadoreña parece estar enfrentando el periodo más riesgoso de su historia. El gobierno actual, encabezado por Nayib Bukele, está conduciendo al país a momentos que emulan su pasado más oscuro. La persecución política de críticos y opositores, el desafío a las normas y procedimientos constitucionales, el rompimiento del balance de poder y el considerarse superiores a cualquier ley son algunas de las más nocivas prácticas políticas que El Salvador experimentó en sus periodos más autoritarios y son condiciones que están retornando de manera acelerada.
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El poder que emana del consentimiento de los ciudadanos está siendo sustituido por la idea de gobernar de forma caprichosa y amparado en la matonería y la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, lo que en 1983 se quiso combatir.
Y entonces, como sucedía en el pasado, aquellos críticos del poder están en riesgo, al tiempo que quienes aspiran a crecer o tener el favor del gobernante deben mostrar lealtad ciega.
El desmantelamiento
A juicio de Enrique Anaya, abogado constitucionalista, la Constitución de 1983 “se emitió con la finalidad de establecer un Estado republicano y democrático”. Al ser consultado por El Diario de Hoy, explicó que sus elementos esenciales eran la “división, distribución, limitación y control del poder”.
Además, agregó que uno de sus pilares fundamentales fue el establecimiento de instancias que vigilaran el cumplimiento de esta y que ningún acto político, jurídico o administrativo la contradijera. De ahí surge la idea de una Sala de lo Constitucional formada por abogados independientes al poder y también el principio de que cualquier juez del país puede inaplicar una normativa si viola lo previsto en la Constitución.
Este andamiaje institucional, sin embargo, ha sido progresivamente desmantelado por el gobierno de Nayib Bukele y los diputados que a él responden.
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Humberto Sáez Marinero, jurista y presidente de Acción Ciudadana, dijo a este medio que desde el 1 de mayo, El Salvador “está en una situación permanente de incumplimiento a la Constitución”.
Esto lo ilustra con el hecho más grave desde que El Salvador salió de la guerra y empezó a transitar hacia la construcción de un Estado democrático: el golpe al Estado de derecho cuando los diputados del presidente Bukele, en su primer día de trabajo, removieron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para sustituirlos por abogados que responden al Ejecutivo.
Ese día, el oficialismo salvadoreño demostró un irrespeto total a lo que la Constitución manda, tanto en forma como en fondo. Los diputados no solo se saltaron el procedimiento para elegir nuevos funcionarios y destituyeron a los magistrados legítimos sin derecho a respuesta o un procedimiento claro. También violaron el principio de separación de poderes.
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A juicio de Sáenz, las consecuencias de esto son claras. Sin jueces independientes que hagan valer la Constitución, todo salvadoreño crítico del poder ve en riesgo sus libertades fundamentales, como la de expresión, de libre asociación, de tránsito, y pierde derechos importantes como el acceso a la información pública.
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, “la Constitución ha sido la más damnificada tras la actuación de los funcionarios actuales” quienes sistemáticamente la han ignorado e incumplido.
A su juicio, la Constitución ha enfrentado amenazas significativas en sus 38 años de vida. Sin embargo, la situación actual representa riesgos mucho más graves.
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El elemento más “sonoro” que identifica es el “golpe de Estado del 1 de mayo donde se respetó el procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia”, pero no el único.
Además, identifica como un duro golpe a la Constitución la irrupción del presidente, acuerpado por policías y militares fuertemente armados, el 9 de febrero de 2020. Ese día, explica Escobar, el presidente “instrumentalizó a las fuerzas armadas, desnaturalizando su objetivo constitucional”, que debería ser un cuerpo apolítico, no deliberante y no instrumento de presión e intimidación del mandatario a sus críticos.
Todo este panorama, explica Anaya, lleva al país a “una situación de anormalidad democrática, en la que la Constitución ha dejado de ser el elemento nuclear de las actuaciones estatales”.
Por el contrario, lo que parece guiar las decisiones del Estado es el capricho de una persona y su círculo de funcionarios. Anaya lamenta que estas acciones han desencadenado “los días más tristes para la Constitución" en sus 38 años de vida.