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Gobierno podrá quitar inmuebles aun con juicio de expropiación abierto

Es parte de los excesos que los abogados ven en la propuesta de Ley de expropiación del gobierno. El procedimiento viola la Constitución, según los profesionales del derecho.

Por Eugenia Velásquez | Oct 22, 2021- 21:47

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Foto EDH / archivo

El dueño de una propiedad no tendrá la mínima oportunidad de poder exigir al Estado la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en su propiedad, si al final del proceso judicial el juez determina que no procede la expropiación de su inmueble declarado de “utilidad pública” por la Dirección Nacional de Obras Municipales.

Esto se debe a que en la propuesta de Ley de Expropiación presentada por el Ejecutivo basta con que el juez admita la demanda para que ordene a petición de la Dirección Nacional de Obras Municipales la ejecución de los trabajos correspondientes a obras o proyectos que se requieran ejecutar.

“Esto es peligrosísimo, esto quiere decir que nunca van a perder (el Estado)”, afirmó el abogado José Marinero, presidente de la Fundación, Democracia y Justicia (DTJ).

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Además, dijo que denota la certeza que cuando la Dirección Nacional de Obras Municipales ponga el ojo en una propiedad privada, no habrá manera que el dueño sea favorecido por el juez, pues aunque el Estado inicie una demanda judicial para hacerse del inmueble, la propuesta de ley parece tener ya un criterio adelantado que la resolución final será a favor de la Dirección.

“Básicamente adelante juicio: no me importa que dirá el juez, si me admite la demanda ya puedo comenzar las obras”, dijo Marinero.

Desde el 1 de mayo, el gobierno a través de la Asamblea dominada por la bancada oficialista ha venido dando duros golpes al sistema judicial y a la democracia, primero fue la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal; y meses después con otro decreto legislativo depuró al Órgano Judicial de decenas de jueces que no son afines al oficialismo, bajo el argumento de que se trata de abogados que tienen más de 60 años.

El gobierno ha sustituido a unos 100 jueces con otros profesionales que, de acuerdo a las denuncias del gremio de afectados, responden a los intereses del gobierno, mientras que otros 115 decidieron acogerse al régimen de disponibilidad para poder mantenerse en sus cargos por un periodo de 5 años más.

Con este antecedente y con las valoraciones de Marinero se infiere por qué la propuesta del gobierno de expropiar antes de tener una resolución judicial no deja lugar a dudas que las sentencias favorecerán siempre al Estado.

“La posibilidad de causar daño al patrimonio o propiedad de los privados se vuelve ilimitado, me parece que hay violación a la Constitución. Nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo, lo dice la Constitución, pero en este caso prácticamente y materialmente lo priva de su propiedad privada, sin que el juicio haya concluido”, aseveró Marinero.

El propietario de un inmueble únicamente podrá alegar ante el juez sobre el monto de la indemnización, no así de su patrimonio expropiado.

Intereses ocultos

El proyecto de ley de Expropiación es uno de los eslabones de todo un engranaje que el Ejecutivo ha diseñado para centralizar el financiamiento y funcionamiento de las 262 alcaldías.

A inicios de octubre, la Asamblea recibió otra iniciativa del gobierno que consiste en simplificar las adquisiciones y contratos para realizar obras municipales.

También llegó la petición para crear la Dirección Nacional de Obras Municipales, entidad a la que en el proyecto de ley de expropiación se le dan poderes ilimitados para quitar el patrimonio privado.

El presidente Nayib Bukele ya nombró al director de la Dirección Nacional, Álvaro O’Byrne, sin que la entidad esté aprobada por la Asamblea, pero sí le otorgó mediante la nueva Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) -que los diputados oficialistas ya avalaron- la potestad de administrar más del 90% de los fondos que del Presupuesto General de la Nación van anualmente para funcionamiento de las alcaldías.

Expertos en economía y abogados expresaron que el proyecto de “Ley de Simplificación de Adquisiciones para Obras Municipales”, pretende evadir los controles y fiscalización de los fondos públicos asignados a los gobiernos locales, pasando por alto la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

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“Con estas reglas se puede contratar a cualquier persona y no tengo ninguna duda que frente a la eliminación de estándares de probidad, de competencia y de transparencia, lo que pasará es que se terminará abusando de estas reglas, esa es la tendencia, que terminan siendo usados para compras amañadas, para favorecer a parentela, a gente del partido, por eso las adquisiciones públicas son tan complicadas y pueden parecer lentas, pero es para que el dinero se use de mejor manera”, dijo Marinero.

La Dirección Nacional de Obras Municipales calificará, aprobará, contratará, ejecutará y hasta supervisará todos los trabajos.

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