El presidente Nayib Bukele anunció este martes la apertura de tres nuevos centros de vacunación contra la Covid-19 en distintos puntos.
La novedad de estos centros de vacunación, según el mandatario, es que funcionarán como autoservicio para que las personas puedan llegar en sus vehículos particulares, en taxis o en Uber.
Los establecimientos destinados para este fin ya fueron acomodados y estarán instalados en los estacionamientos del centro comercial La Gran Vía, en Antiguo Cuscatlán, y en las sedes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de los municipios de San Miguel, en el oriente, y de Santa Ana, en occidente.
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Bukele también afirmó que la capacidad de atención de los tres puntos de vacunación en autoservicio será limitada, por lo que aclaró que la cita para programar la aplicación de la primera dosis podría no salir tan rápido.
Además, agregó que las restricciones de edad aún se mantienen en el rango de personas mayores de 55 años, así como otros sectores que ya han sido autorizados para recibir la vacuna actualmente.
"Con estos 3 centros podremos atender más rápido, atender a los que no han llegado por problemas de movilidad y poder abrir pronto para otras edades", escribió el presidente en un tuit.
Más temprano, el mandatario también anunció que las personas portadoras de VIH ya pueden programar su cita en el sitio habilitado por el gobierno.
Asimismo, en el mismo anuncio informó que las personas trabajadoras de farmacias y laboratorios clínicos también podían aplicar para recibir la vacuna contra la covid-19.
De acuerdo con datos la página oficial del gobierno sobre el COVID-19, hasta el 26 de abril se han aplicado 745,602 vacunas desde que se comenzó el proceso en el país. De estas, la suma de 718,089 corresponden a la primera dosis y 27,513 a la segunda.
Sin embargo, el Gobierno central no ha rendido cuentas sobre el costo de estos fármacos, que ya ingresaron al país, a AstraZeneca (20,000) y principalmente a Sinovac (1,500,000).
¿Cuánto le ha costado al Ejecutivo estas compras? Francisco Alabí, como ministro de Salud, se ha escudado en que existen acuerdos de confidencialidad con los laboratorios productores de las vacunas, por lo que no pueden hacer público sus costos.