Corte de Cuentas: Gobierno pagaba comida en centros de contención, pero no la servía

Anzora señaló que el estado de emergencia no blinda a los titulares de las instituciones para poder hacer compras sin justificarlas, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Creación de Protección Civil.

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Foto EDH / Archivo

Por Diana Escalante

2020-09-08 8:43:18

Durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno, a través del Ministerio de Turismo, alquiló hoteles, hostales y viviendas particulares para que sirvieran como centros de contención en donde eran ingresados los pacientes que tenían la enfermedad para recibir el tratamiento.

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, reveló, este martes, en la entrevista televisiva Frente a Frente, que la modalidad que se contrató fue de un promedio diario de $25 que incluía el alojamiento y la entrega de tres tiempos de comida, pero esto no siempre se cumplió.

“En algunos casos, lo que hemos verificado es que no se servía la comida, sin embargo, se pagaba el mismo valor. Hemos sacado la diferencia y es lo que hemos comunicado a la administración para verificar cuál fue la razón o que se nos aclare por qué se manejó de esa manera. Los $25 que se estaban pagando incluían todo este servicio”, señaló Anzora.

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El funcionario explicó que el ente contralor actualmente está haciendo el análisis de la contratación de estos locales y la necesidad de la misma, pues “se ha detectado que hay algunos pagos injustificados”.

Según Anzora, se le han hecho observaciones (comunicaciones preliminares) a la institución y están a la espera de respuestas que les permita a los auditores desvanecer las dudas, como lo establece la ley.

En la entrevista, el presidente de la Corte de Cuentas también denunció que la institución ha encontrado resistencia de los funcionarios de Gobierno para brindar toda la información que permita fiscalizar el manejo de fondos que se ha hecho durante la pandemia del COVID-19.

Anzora señaló que el estado de emergencia no blinda a los titulares de las instituciones para poder hacer compras sin justificarlas, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Creación de Protección Civil.

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Actualmente hay 10 procesos de investigación abiertos contra los ministerios de Salud, Obras Públicas, Agricultura y Turismo. También contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dijo el funcionario.

Agricultura es uno de los ministerios que ha manejado más recursos durante la pandemia, pero es el que menos ha colaborado con el ente contralor, de acuerdo al titular del organismo fiscalizador.

“En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos recibido muy poca colaboración desde su titular (Pablo Anliker) hacia abajo. Situación que nosotros creemos que no es concordante con los términos de transparencia y rendición de cuentas”, reprochó Anzora.

La Corte de Cuentas trabaja en tres auditorías relacionadas con las compras que ha hecho dicho ministerio para los paquetes agrícolas, las canastas alimentarias y la reserva estratégica de granos básicos.

“En las primeras dos acciones de control hemos ido avanzando, pero muy a cuentagotas. En la de los paquetes agrícolas hemos comunicado 12 situaciones (irregularidades) al Ministerio, sin embargo, ya obtuvimos algunas respuestas y ahorita están en la valoración de ellas los auditores”, explicó el presidente del ente contralor.

En el caso del hospital El Salvador, habilitado en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Anzora dijo que se han hecho 20 observaciones preliminares al ministerio de Salud. La auditoría abarca al Ministerio de Obras Públicas y al ISSS.

“Ya se reportaron algunas deficiencias que tienen que ver con control interno, deficiencias en las adjudicaciones que tienen que ver con la calidad, el precio ofertado y aceptado por la administración y unas que tiene que ver con situaciones de legalidad… Hoy por hoy, hemos identificado que la inversión de manera preliminar será arriba de $26 millones”, declaró Anzora.

A la Secretaría de Asuntos Estratégicos se le está auditando la entrega de $300 que el Gobierno hizo, a inicios de la emergencia, a familias afectadas económicamente por la crisis sanitaria.

La Corte de Cuentas, declaró Anzora, ha hecho 26 comunicaciones preliminares que tienen que ver con la seguridad y confiabilidad de la base de datos sobre la cual se entregó el dinero.