La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si los funcionarios responsables de la asignación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (Fodes) a las municipalidades han cometido algún delito con el retraso de más de seis meses. Esto equivale a más de $180 millones, según han denunciado alcaldes.
“Estamos investigando qué es lo que ha sucedido con el tema del Fodes, hay denuncias de alcaldías y de otros actores. Al llegar nosotros a los resultados, vamos a proceder tal como la ley nos lo manda”, afirmó el fiscal general, Raúl Melara.
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Aclaró que la Fiscalía General investiga el cometimiento de posibles delitos, independientemente de los resultados que se obtengan en las investigaciones pero que eso no significa que las alcaldías tendrán los fondos de inmediato.
“Fiscalía investiga posibles cometimiento de delitos. El hecho de que la Fiscalía llegue a una conclusión, no quiere decir que automáticamente las alcaldías van a tener su dinero. Son dos cosas diferentes que deberán de resolverse en sedes correspondientes”, advirtió Melara.
No menos de 13 alcaldes de distintos municipios acudieron en noviembre pasado a la Fiscalía para denunciar al Ministerio de Hacienda por el impago del Fodes que les corresponde a las municipalidades tal como lo señala la Constitución.
También la Corte de Cuentas se unió al reclamo de las municipalidades y presentó un aviso sobre la no asignación de los fondos que les corresponde a las alcaldías.
“En (las denuncias) se hacen algún tipo de observaciones precisamente a la asignación de fondos para el Fodes, nosotros estamos iniciando la investigación para ver a qué es lo que eso conlleva”, dijo Melara a finales de noviembre pasado.
El artículo 1 de la Ley del Fodes establece un aporte anual del Estado a las alcaldías igual al 10 % de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General de la Nación.
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El inciso tercero del artículo 207 de la Constitución define la creación de un fondo para el desarrollo económico y social de los municipios con el fin de garantizar el desarrollo y la autonomía económica municipal.
El alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, acudió a la Sala de lo Constitucional para pedir amparo ante la negativa del gobierno de pagar los más de seis meses del Fodes, lo que llevaría a unas 75 alcaldías a la quiebra.