El Instituto de Acceso a la Información Pública inició un proceso sancionatorio contra el fiscal general Raúl Melara por no dar cumplimiento a lo ordenado por esa instancia referente a proporcionar información sobre las sentencias emitidas por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que incluye el nombre de funcionarios condenados.
De acuerdo a Transparencia Contraloría Social-Datos Abiertos (Tracoda), hoy fueron notificados por el Instituto que “la denuncia interpuesta en contra del Fiscal General de la República Raúl Melara Morán, fue admitida, por lo que se inicia el proceso para imponerle una sanción que ronda entre los seis mil y los doce mil dólares, siempre que sea encontrado responsable”, señalan.
Asimismo, esa notificación se suma a otra que ya fue enviada a TRACODA, con fecha 24 de septiembre, en la que se admitió una denuncia contra Deisi Marina Posada de Rodríguez Meza, directora de análisis, técnicas de investigación e información de la Fiscalía, por el mismo motivo que fue denunciado Melara.
Esa organización interpuso la solicitud de información a la Fiscalía y ante la negativa de esa instancia acudió al Instituto de Acceso a la Información, debido a que el 12 de junio pasado remitió ante el Instituto una denuncia en contra del fiscal Melara por el presunto cometimiento de la falta muy grave consistente en “no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto”.
Según Tracoda, la Fiscalía no entregó información sobre el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte de Cuentas de la República, donde se detallan los nombres de los funcionarios que tienen montos de pago pendientes a favor del Estado, entre la que se encuentra datos de varios funcionarios electos.
Según la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la labor de cobro de las multas y las responsabilidades patrimoniales determinadas por la Corte corresponden a la Fiscalía, instancias que debe promover las acciones de cobro administrativo o judicial pertinentes de acuerdo a cada caso. Sin embargo, como parte de las labores de investigación, según TRACODA, se determinó que la Fiscalía “presenta resultados muy pobres en cuanto a la recuperación de mora, razón por la que pidió el listado de casos en los que se detallarán los montos cobrados y pendientes de pago, así como los nombres de los servidores públicos implicados”.
Según Fiscalía, La resolución del IAIP referencia NUE 13-D-2020 (RG), en la que se le inicia proceso sancionatorio, es referente a “información concerniente al número de referencia de las sentencias de la Corte de Cuentas de la República y los números de referencia de los expedientes de la unidad de juicios de cuentas y multas en las cuales son incorporados dichas sentencias de la Corte de Cuentas de la República de los años 2015 al 2018” y que en ningún momento se trata sobre una negativa a dar los nombres de funcionarios que no han pagado multas.
Agrega que la Cámara de lo Contencioso Administrativo admitió una demandó contra el IAIP por la resolución emitida en el proceso 225-A-2018-(RC), sobre la entrega de “nombre de la institución o individuo responsable de pagar la condena declarada a través de sentencias provenientes de Cámara de Primera y Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República” y que espera la confirmación de la medida cautelar solicitada.