No menos de 300 empleados de la Fiscalía General (FGR) han sido cesados o obligados a retirarse de sus cargos desde el 20 de septiembre pasado, según denunciaron algunos de los afectados.
Los denunciantes aseguraron que las autoridades de la Fiscalía General han separado a este personal de una manera silenciosa con el argumento de la aplicación del decreto legislativo 144 aprobado por los diputados oficialistas y sus aliados en la Asamblea Legislativa.
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Con este decreto, a todos los empleados fiscales que superan los 60 años de edad o los 30 años de servicio en el Ministerio Público se les obligó a renunciar con la promesa de que al menos recibirían 12 salarios como indemnización, según los denunciantes.
Al igual que reformaron la Ley de la Carrera Judicial, los diputados controlados por el Órgano Ejecutivo también modificaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General para dar paso al retiro del personal fiscal en ese rango de edad o de servicio.
Los denunciantes aseguraron que la diferencia en el tratamiento para jueces y magistrados es que a ellos les darán 24 salarios completos con bonos y aguinaldo.
En contraste con su situación, a los empleados fiscales les han prometido de que les darán 12 sueldos, pero sin derecho a bono ni aguinaldo, a raíz de la reforma con la que los han obligado a retirarse de manera obligatoria.
Ese ofrecimiento hecho por las autoridades fiscales no deja de incomodar a los denunciantes es que por ahorrarse unos centavos, según ellos, no se les ha querido reconocer en nada el sacrificio que hicieron por muchos años aún a costa de sus vidas.
Lo que más les molesta es que el personal de otras instituciones estatales como la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Comisión Ejecutiva Portuaria de Acajutla (CEPA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les dan mejores indemnizaciones de hasta el 100 por ciento al retirarse y nunca se han arriesgado en sus labores como lo hacen los fiscales.
Pero lo que más resienten los denunciantes y por eso expresaron su malestar es que muchos de ellos cuentan con amplia carrera fiscal y ni siquiera les expresaron sus agradecimientos por el esfuerzo que realizaron mientras ellos ejercieron como fiscales auxiliares.
A juicio de los denunciantes es que ellos sufrieron amenazas de muerte y pusieron la cara ante el crimen organizado y las pandillas, para que ahora las actuales autoridades ni tan siquiera las gracias les dieron.
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Se consultó con la Fiscalía General sobre la separación de 178 fiscales, entre ellos los de anticorrupción que dirigieron los allanamientos al Ministerio de Salud y la Dirección de Centros Penales, pero fuentes fiscales aseguraron que “esa información no es correcta”.
Agregaron que no hay destituciones de ningún fiscal.
Recientemente, la Fiscalía General sacó a concurso público la asignación de plazas para fiscales que se supone serían los que sustituirán a los que han sido obligados a retirarse por el decreto legislativo que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
Sin embargo, en la convocatoria no se detalla la cantidad de plazas para fiscales que serían abiertas.