El Juzgado 5° de Paz resolvió esta tarde que los exministros de la Defensa David Munguía Payés y Atilio Benítez, así como Gustavo López Davidson, representante legal de la empresa Centrum, y otros dos imputados sean procesados en libertad. Los cinco son acusados de supuestos actos de corrupción en el trueque o permuta de armamento entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum.
Tras la resolución, el juez ordenó que cuatro de los cinco acusados fueran dejados en libertad de inmediato. El quinto procesado gozaba de su libertad por padecer de una enfermedad crónica.
“Este es un caso inventado, sin fundamento, una persecución política, sin duda Bukele me teme, pero no a mí, teme a lo que yo defiendo que son mis principios democráticos y republicanos”, dijo López Davidson, tras recuperar su libertad.
Agregó que “han acusado de un montón de lagunas que fue lo que mencionó (el juez), y sencillamente si hubieran casos profundos, yo ya estuviera enchuchado (preso) como el presidente quiere, pero no es así, trabajó la verdad y trabajó la justicia”.
Por esos supuestos actos de corrupción, el Estado perdió $2,051,893,00, según la Fiscalía General de la República (FGR).
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A los imputados no se les impuso fianza, y pasarán a la siguiente etapa del proceso judicial. Deberán presentarse a firmar cada 30 días al Jugado 5° de Instrucción.
El juez dijo que Fiscalía no había probado los delitos contra los cinco acusados y que tampoco presentó la pericia de funcionamiento y de valúo de los obuses para establecer si se cometió o no el peculado (apropiarse de recursos del Estado).
Antes de comenzar la lectura de la resolución, López Davidson aseguró que sabía de que la empresa israelí que envió los dos obuses (piezas de artillería) demandará al Estado de El Salvador.
“Los obuses están totalmente operacionales, es casi seguro que la empresa de Israel va a poner una demanda por todo lo que el presidente (Bukele) y el ministro han dicho de esos obuses, eso se vuelve complicado para nuestro país”, dijo López Davidson.
Aseguró que las armas que el Ministerio de Defensa le entregaron a la empresa Centrum fueron enviadas por partes a Estados Unidos.Lo anterior está documentado con los permisos del Ministerio de Defensa de El Salvador y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“En otras palabras, de aquí no salió ninguna arma entera, todo como los cargadores de armas largas, como los G-3 y armamento viejo que estaban en las bodegas de la Fuerza Armada, todo se deshizo de ese material en desuso”, dijo López Davidson.
La tesis que maneja la Fiscalía General para acusar a los imputados en este caso es que el Ministerio de Defensa entregó 2,441 armas de fuego nuevas y la empresa Centrum le dio dos obuses (piezas de artillería) incompletos.
Aparte de los dos exministros de Defensa y el expresidente de ARENA, en el caso también son acusados el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera Mejía, este último gerente general de Centrum.
El general Rafael Melara Rivera es considerado como prófugo de la justicia. La Fiscalía General informó que Melara Rivera se encuentra fuera del país.
Días atrás, el representante legal de la empresa Centrum, Gustavo López Davidson, fue el único de los imputados en defenderse de las acusaciones que le hace la Fiscalía General. Él enfrenta cargos por complicidad necesaria en el delito de peculado (apropiarse de los recursos del Estado).
López Davidson consideró que las capturas de los cinco acusados no es más que una persecución política de parte del Gobierno.
El caso
La investigación fiscal detalla que el exministro de Defensa, Atilio Benítez, fue el encargado de firmar el contrato de permuta (cambio de algo por otra cosa) de armas obsoletas o en mal estado con la empresa Centrum a cambio de dos obuses (piezas de artillería).
El contrato establecía que Defensa le daría 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62, y 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado. Todo con un valor de $2,051,893,00.
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A cambio de ese armamento obsoleto, Defensa recibiría dos obuses (piezas de artillería) M-71 nuevos calibre 155 mm., un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
En ese sentido, la Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado al Ministerio de Defensa dos obuses “repotenciados”, es, decir, que para la representación fiscal esas piezas estaban en “mal estado operacional” y accesorios faltantes.
Señala que los representantes legales de las empresas invitadas a la permuta resultaron ser empleados de López Davidson en Centrum.
También se incrimina a Benítez de haber autorizado que se incluyeran 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3 nuevas, las cuales no eran parte del armamento permutado, según el contrato, dijo la Fiscalía.