Exdirector policial declara que Fiscalía participó en la tregua entre pandillas

Francisco Salinas aseguró este miércoles, en el juicio contra 19 acusados por delitos relacionados con la tregua, que los exfiscales Romeo Barahona y Luis Martínez estuvieron en reuniones de planificación.

El exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango fue exonerado de un homicidio cometido durante la tregua. Foto EDH/Archivo

Por Diana Escalante

Abr 24, 2019- 18:50

Los exfiscales generales Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua que pactaron las pandillas en 2012 con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes. Esa fue la revelación que hizo este miércoles el exdirector de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio contra 19 personas vinculadas al caso, entre ellas el exmediador, Raúl Mijango, y el extitular de la Dirección de Centros Penales, Nelson Rauda.

El exjefe policial aseguró ante el Juez Especializado de Sentencia “A” que Barahona y Martínez asistían, junto con algunos jefes fiscales, a las reuniones del Gabinete de Seguridad en las que se abordaba el tema de la tregua.

La declaración de Salinas contrasta con las críticas que Martínez hacía al pacto entre los delincuentes cuando estaba al frente del Ministerio Público. Él la calificaba como una “tregua hipócrita” y se refería a los pandilleros como “criminales de carrera y holgazanes”.

Martínez, quien está en preso por diferentes procesos judiciales, fue acusado en la administración de su sucesor, Douglas Meléndez, de recibir de Funes hasta $20,000 mensuales para que no lo investigara por haber beneficiado a las maras a cambio de que bajaran los homicidios durante su gestión.

Salinas también declaró que Barahona presuntamente asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiera a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían en su poder.

Durante la tregua, que inició en 2012 y terminó en marzo de 2014, los pandilleros de la 18 y la mara Salvatrucha hicieron tres entregas de armas a las autoridades como un acto de “buen voluntad” con el que pretendían hacer creer que querían contribuir a reducir los índices delictivos. En esos eventos públicos participaron como testigos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las autoridades recibieron de los delincuentes 500 armas, de las que según Salinas, el 80 por ciento estaba en buen estado.

En el juicio también declaró el Obispo de San Miguel y administrador del Ordinariato Militar y Policial, Fabio Colindres. Él aseguró que junto con Mijango, y con el aval del entonces ministro de Justicia, David Munguía Payés, se reunieron con cabecillas de las dos pandillas en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca para proponerles que hicieran un diálogo y cesaran las muertes violentas.

Los mareros aceptaron a cambio de beneficios que les fueron concedidos: traslado a cárceles de menor seguridad, ingreso de teléfonos, comida y aval para recibir más visitas.

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