Abogados consultados consideraron que “es un hecho grave” el espionaje del que han sido objeto varios periodistas salvadoreños y representantes de organizaciones de la sociedad civil, luego que una investigación que verificó Amnistía Internacional confirmó que sus teléfonos celulares fueron infectados con el software Pegasus, un programa utilizado para tal fin.
Los expertos ven con preocupación la situación que reveló el laboratorio Citizen especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, que detectó 35 casos de periodistas salvadoreños con el software malicioso, pues señalan que el espionaje viola algunos derechos humanos fundamentales de las personas que han resultado afectadas.
“Lo que ha sucedido es una invasión a la privacidad, a la intimidad de estas 35 personas. Es una vulneración a nuestros derechos más fundamentales a conservar la privacidad de nuestras comunicaciones. Se pudieron haber enterado de cualquier comunicación con familiares, haber extraído fotografías de paseos, reuniones, documentos de trabajo, incluso, contraseñas de cuentas bancarias”, expuso José Marinero, abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), durante una entrevista con radio YSUCA.
Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, con el espionaje además “se ha violado el derecho al secreto profesional”.
La preocupación es compartida por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien advirtió sobre “una nueva amenaza para los derechos humanos” en el país.
“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones de periodistas y activistas en El Salvador devela una nueva amenaza para los DDHH en el país. Las autoridades deben proteger la libertad de expresión y realizar una investigación imparcial y exhaustiva”, escribió Guevara en Twitter.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 31 periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y profesionales freelance “han sido víctimas de esa persecución”. De esa cifra, 22 casos corresponde a El Faro, según detalló el mismo medio digital a través de una publicación.
La periodista de El Faro Julia Gavarrete dijo en el espacio radial que compartió con Marinero que la investigación determinó que en su caso sus comunicaciones fueron intervenidas en por lo menos en 18 ocasiones, 15 de de las cuales fueron en su teléfono personal y tres en su móvil de trabajo.
Pegasus, es un software espía de la empresa israelí NSO Group que han adquirido gobiernos y agencias de seguridad para tal fin, según recopilan medios internacionales.
“Espiar a periodistas es un grave atentado contra la libertad de prensa”, se lee en parte del mensaje que Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), publicó en su Twitter.
Prosiguió: “Hemos pedido sanciones internacionales contra la empresa NSO (que produce Pegasus) y una moratoria para la venta del software”.
Marinero sospecha que “ese espionaje provino del gobierno de El Salvador o de una fuente muy cercana al gobierno”, pues señala que aunque no lo dice directamente la investigación, así lo deja entrever.
El presidente del DTJ indicó que “por el grupo de personas a quien se ha espiado es un ataque a la libertad de expresión, libertad de asociación y a la libertad de prensa. Es una reducción a ese espacio cívico mediante el uso de una tecnología sofisticada que pretende intimidar, restringir, socavar las comunicaciones de periodistas y miembros de sociedad civil”.
En la misma sintonía se mostró Celia Medrano, especialista en derechos humanos, quien recordó que “no debe pasarse por alto que el primer decreto ejecutivo que firmó el actual mandatario fue el de darle un estatus de secreto de Estado a la información relacionada al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE)”.
“Es grave que exista espionaje contra periodistas con el objeto de recoger información que sea útil para atacarles políticamente, amenazarles y callarles. Si esto ha salido a la luz púbica, es mucho peor lo que se puede estar haciendo ocultamente: vigilancia física, escuchas telefónicas, mapeo de familiares y amigos... todo como parte del fortalecimiento de estructuras de persecución política”, advirtió Medrano.
Espionaje ilegal
Medrano fue más allá al manifestar que si no hay una orden judicial las intervenciones telefónicas privadas son ilegales.
“Diferente si la información obtenida por ese medio se pretendiese usar en un proceso legal, penal principalmente”, subrayó.
La experta en derechos humanos reiteró “que labores de monitoreo a comunicaciones privadas deben ser autorizadas por un juez si responden a la persecución de un delito. Y en algunos casos la Fiscalía desde sus funciones, pero bajo ciertas normas”.
Tanto Medrano como Marinero criticaron, también, el posible uso de fondos públicos.
A criterio de Marinero, el espionaje “sugiere que el aparato de inteligencia estaría siguiendo a sus propios ciudadanos utilizando recursos al margen de la ley. Es muy grave que el Estado esté usando sin control los recursos de los salvadoreños”.
La periodista Gavarrete y Marinero no descartaron en acudir a instancias internacionales para denunciar el hecho, debido a la desconfianza que aseguran existe con las instituciones locales, entre estas mencionaron a la Fiscalía y al Órgano Judicial.
“Poner una denuncia en las instancias locales es importante, pero ya conocemos el contexto de a quién responden y si ponemos un aviso a la Fiscalía no va a responder. No dudamos en llevar el caso a instancias internacionales para tratar de lograr justicia”, afirmó la periodista.
Para Marinero, esta podría ser una oportunidad para que la Fiscalía inicie “una investigación de oficio”, ya que “los hechos tienen una dimensión significativa que cualquier fiscalía independiente ya lo hubiera iniciado por el posible uso de recursos públicos para estos fines, el espionaje y restricción al ejercicio del periodismo y las conexiones que podrían haber con el aparato público y con la seguridad nacional”.