La noche del lunes, el oficialismo anunció que será el pleno legislativo -y no la Comisión Política, como la ley manda- quien deliberará el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo de 2021 a 2030.
Al respecto, abogados consultados por El Diario de Hoy afirmaron que esto equivale a incumplir el proceso legislativo bajo el que se norma este tipo de elecciones y aseguraron que se viola lo establecido en los artículos 98 y 99 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), que exige una deliberación amplia en comisión para nombramientos de segundo grado.
VER: Comisión Política deja al pleno decisión de elegir a magistrados de la Corte Suprema
“El RIAL sí prevé que sea la Comisión Política la que delibere y pase un dictamen al pleno”, dijo el lunes Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana.
Añadió que “si esto pasa de una vez al pleno, esto significa que las entrevistas no sirvieron para nada y que la comisión política no tuvo ningún sentido al empezar ese proceso y que los únicos criterios que escucharán serán los del pleno”.
En sus entrevistas, los diputados preguntaron a los aspirantes si estaban de acuerdo con el golpe al Estado de derecho del 1 de mayo, cuando la Asamblea destituyó magistrados y fiscal general de forma ilegal y exprés. A juicio de Sáenz, preocupa que ese sea el parámetro de los diputados: buscar magistrados que avalen tal golpe.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, afirmó que saltarse la comisión rompe el proceso legislativo y recuerda que el objetivo de las comisiones legislativas es “razonar las decisiones”.
“Por eso es importante que la Comisión Política analice los perfiles y envíe al pleno su dictamen”, afirma Escobar.
Agrega que lo peligroso es que de aquí en adelante los diputados del oficialismo pretendan saltarse la deliberación en comisiones y pasen directamente a conocer el pleno, donde simplemente venderán la idea de que si la iniciativa viene del Ejecutivo “es buena para el pueblo” y la aprueben sin deliberación.
Escobar lamenta que no se haya hecho un ejercicio de ponderación y análisis de las personas sometidas al proceso de selección.
Otro jurista experto en elecciones de segundo grado que pidió no ser identificado afirmó que es imposible que en este proceso acelerado la Asamblea Legislativa tenga los insumos suficientes para saber si los abogados entrevistados son idóneos para el cargo al que aspiran.
“¿Cómo van a saberlo tras entrevistas de 20 minutos? Una evaluación real de los méritos de los candidatos no se ha hecho”, cuestionó.
Además, dijo que esto incumple jurisprudencia constitucional, como la sentencia 116-2019 que establece que la Comisión Política debe elaborar tablas de evaluación objetiva de candidatos, o la 23-2012 que ordena la máxima publicidad y deliberación legislativa.
“Si me preguntas si el proceso ha seguido lo que manda la ley, la respuesta es clara: no”, dijo.