Que los ministerios de Educación se apoyen en las universidades, organizaciones de la sociedad civil e incluso la cooperación internacional para desarrollar proyectos educativos es una práctica común que se ha dado y se da en varios países, para beneficio de la sociedad.
El doctor Óscar Picardo Joao, especialista e investigador educativo de trayectoria, explicó ayer que El Salvador entró en esa dinámica antes de los 80, cuando había un sistema de asistencia técnica más internacional en el que figuraba la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que se apoyaba en universidades de ese país para ejecutar proyectos en territorio salvadoreño.
Subrayó que a partir de los 90 las universidades del país que están más fortalecidas asumieron ese rol. Muchos de los académicos que tenían la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Francisco Gavidia (UFG), la Universidad Don Bosco (UDB), la Universidad Evangélica y la Universidad Católica (UNICAES) asumieron ese rol de asistencia técnica al Ministerio de Educación.
Picardo Joao precisó que esta alianza se remarcó tras la firma de los Acuerdos de Paz, cuando la entonces ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, impulsó en 1995 la denominada “Reforma Educativa en Marcha”, esfuerzo que demandó de la capacidad de las grandes universidades.
En ese momento, la cartera de Estado requería capacidad para resolver aspectos técnicos y logísticos, por lo que empezó a trabajar con los centros de enseñanza superior por medio de contrataciones, convenios y otros instrumentos. Lo propio hizo también con organizaciones de la sociedad civil.
Según detalló Picardo, en ese entonces la reforma tenía cuatro ejes y por ejemplo el de valores lo asumió la Universidad Católica, el de modernización Fusades, el de calidad la UCA y el de cobertura la UFG: “Las universidades apoyaban con estudios, investigaciones, proyectos a nivel rural, urbano, etc”.
En ese contexto, recuerda cómo la UCA, en coordinación con la Universidad de Harvard y Fepade, desarrolló un valioso diagnóstico.
Picardo Joao sostuvo que las universidades también dieron su aporte en la elaboración de normativas como la Ley General de Educación, la Ley de Educación Superior, la Ley de la Carrera Docente y otras.
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Más allá de ideologías
La alianza entre el Mined y las universidades se sucedió en los distintos gobiernos de derecha e incluso de izquierda.
“Los procesos de alfabetización, de capacitación de maestro, de elaboración de materiales didácticos y libros de texto, fueron apoyos en que se echó mano de las universidades”, rememoró, entre muchos otros.
Los centros universitarios, así como organizaciones no gubernamentales, entre ellas CIDEP (Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social) y FIECA (Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas) auxiliaron, ya sea bajo contratos o convenios, en la ejecución de programas como Educo, más adelante con Edúcame ( a través del cual se aplicaron las modalidades de enseñanza flexible para jóvenes y adultos), educación acelerada, e incluso con programas de prevención de la violencia escolar.
En el programa de los institutos tecnológicos, mejor conocidos como Megatec, también se vio el trabajo coordinado entre Mined y universidades, por ejemplo UNICAES hizo lo propio con el de Cabañas.
Con la llegada de los gobiernos del Fmln, aunque hubo momentos en que la alianza se vio empañada, la academia participó en algunas iniciativas, por ejemplo con la ejecución de las carreras en línea.
La Universidad de El Salvador (UES) también ha estado presente en este legado de la academia, más aún durante la gestión efemelenista.
Recordó cuando estaba el INFORP (Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos), que dirigía Carlos Ardón, que trabajaba las escuelas de verano impartiendo formación docente en vacaciones con un formato móvil, es decir que personal de la UES iba hasta las comunidades a formar maestros.
Según expuso, los fondos que todas las instituciones de Educación Superior han recibido de parte del Mined se han destinado a ejecutar los proyectos, ya sea bajo contrato o convenios; incluso se dieron casos en que algunos de estos centros de enseñanza asumieron proyectos que el gobierno dejó de financiar, como algunas Academias Sabatinas.
“Así que hay un largo historial y experiencia de apoyo técnico, que no eran donativos, sino eran asignación de fondos para cumplir metas del sistema educativo”, enfatizó el investigador, quien agregó que con esos recursos tenían que pagar docentes y comprar equipos: “A las universidades les quedaba un porcentaje mínimo que creo no supera el 3%”.
El pedagogo señaló que la apertura que la exministra Gallardo de Cano le dio a la sociedad civil ha sido un ejercicio democrático que permitió ampliar la capacitad operativa al Mined a través de 40 o de 20 universidades que se pusieron a coejecutar proyectos: “Hay más debate, más discusión, más investigación y todo eso implica una democratización del sistema educativo”.
Picardo señaló que hay muchos de estos procesos que generan cambios lentos o que no son muy visibles en las estadísticas, pero que son importantes: cita la Maestría en Política y Evaluación de la UCA, que cada año gradúa a 8 o 9 especialistas.
“Hay muchos aspectos (de las intervenciones en educación) que no hemos medido y estoy seguro que si buscáramos medirlos hay mucha gente de lo que se ha logrado en esto”, puntualizó.
No obstante, en el contexto actual advierte que lamentablemente por las razones que sea hay un deterioro de esta relación que puede generar desconfianza para el futuro, y al final el ministerio se va a ir quedado aislado o solo porque al final se trabaja con socios.
"Es muy difícil asumir el sistema educativo al margen de todas las fuerzas vivas intelectuales. Las universidades es donde están los mejores especialistas, los que tienen maestrías, doctorados, los que tienen convenios, los que generan intercambios y es el personal más calificado", indicó.