Un excomandante guerrillero vinculado al derribo de un helicóptero con tres asesores EE.UU. y posterior homicidio de tres asesores militares de Estados Unidos, durante la guerra en El Salvador, fue detenido ayer por la Policía Nacional Civil en el Aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero, cuando retornaba de Costa Rica.
“Hemos capturado al Comandante Domínguez, responsable de ataque que terminó con la vida de tres ciudadanos estadounidenses en el año de 1991”, publicó la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter.
El capturado es Santos Guevara Portillo (alias) comandante Domínguez, quien fue detenido tras arribar a El Salvador en un vuelo proveniente de Costa Rica, donde permaneció a lo largo de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.
El 2 de junio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, en San Miguel, giró órdenes de captura contra Guevara Portillo, Severiano Fuentes Fuentes, de 55 años, y Fermán Hernández Arévalo, de 61 años, acusados por homicidio agravado en perjuicio de los tres asesores estadounidenses.
VER: Imágenes del helicóptero derribado por el FMLN en Lolotique
El excomandante Domínguez y un grupo de guerrilleros del entonces grupo armado Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra civil, derribaron, un helicóptero militar en el cual se transportaban tres asesores militares de la embajada estadounidense en el país.
El helicóptero, del tipo UH-1H estaba equipado con misiles y una ametralladora M-60, y sobrevolaba una zona de guerra en Lolotique. Las víctimas de ese ataque fueron el teniente coronel David J. Piquet, el técnico en aviación Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott.
Este hecho se registro el 2 de enero de 1991 en el cantón San Francisco, en Lolotique, San Miguel. A las pocas horas del derribo de la aeronave, el FMLN se atribuyó el hecho a través de Radio Venceremos, entonces clandestina.
Según archivos de El Diario de Hoy, el fotoperiodista Francisco Campos, que acudió al sitio para realizar imágenes posteriores al derribo de la aeronave, constató que los militares norteamericanos hicieron una verificación rápida en la zona ante la posibilidad de ser emboscados.
El helicóptero habría sido impactado por disparos de fusiles y de armas, como cortas, hechas por una columna guerrillera. Tras la muerte de los militares, el entonces portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que los tripulantes del aparato “tenían heridas de arma de fuego en la cabeza”. Richard Boucher afirmó que el helicóptero había hecho un “aterrizaje controlado”, dando a entender que los militares fueron ejecutados en tierra.
Luego se supo -por testimonios de personas que vieron el derribo- que dos de los militares fueron asesinados cuando estaban en tierra. Uno murió en el accidente.
Según archivos del diario español El País, la Radio Venceremos, emisora del FMLN, informó que sus unidades no diferenciaban en ese momento “si era una nave de guerra que sobrevolaba una zona de guerra, y en este contexto se ha producido el derribo”.
El derribo del helicóptero se produjo tres días después de que la comandancia de la guerrilla anunciara el fin a su última campaña militar, durante la cual derribaron cinco aeronaves militares de la Fuerza Aérea de El Salvador apoyados con cohetes tierra-aire SAM-7.
El Comandante Domínguez y un grupo de personas, miembros del grupo denominado “Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, durante el pasado conflicto armado, derribaron, un helicóptero en cual se transportaban tres asesores norteamericanos de la embajada estadounidense. pic.twitter.com/XKyx8Boa1X
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 25, 2020
Primer caso luego de derogatoria de ley de amnistía
En julio del 2017, el entonces Fiscal General, Douglas Meléndez oficializó e hizo públicas las órdenes de captura contra exguerrilleros vinculados a este caso. Era el primer crimen de guerra por el que la Fiscalía emitía órdenes de detención, luego que la Ley de Amnistía fue derogada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras declararla inconstitucional.
En febrero de 2017, el grupo “Víctimas del Terrorismo” solicitó a la Fiscalía General de la República reabrir el caso masacre de la Zona Rosa (1985), en el que una bomba mató a cuatro infantes de marina de EE.UU. y nueve personas civiles.