Contrario a lo que manifiestan las autoridades de Seguridad, el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador “30 de junio”, manifiesta que por “más que algunas voces disonantes intenten ocultarlo, el aumento exorbitante de las desapariciones es a todas luces un hecho innegable”.
Ante este fenómeno imparable en El Salvador, el Sindicato propuso en la Asamblea que se apruebe una Ley Especial para la Búsqueda, Localización, Identificación y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas. La moción fue respaldada por el diputado Ricardo Godoy, de ARENA.
“En El salvador estamos viviendo un fenómeno muy alarmante en la que los jóvenes están sufriendo este gran flagelo de las desapariciones, el Estado salvadoreño por su parte no está asumiendo con responsabilidad y a la altura de las necesidades de las familias de los desaparecidos esta situación”, afirmó Godoy.
Añadió que el gobierno ha sido señalado por varias organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de no ratificar una convención suscrita en 2010 para la protección de las desapariciones forzadas, esto conlleva a limitar el apoyo que debería tenerse en El Salvador, a través de esta convención que establece que los países están obligados a legislar y designar recursos para hacerle frente a la problemática.
El Sindicato de Empleados Judiciales explican en su iniciativa que de acuerdo a las cifras más actualizadas hasta el 2 de noviembre, el gobierno reveló que se registran a escala nacional 936 asesinatos, mientras que la Fiscalía sostuvo ante la CIDH a finales de octubre que las desapariciones hasta la primera quincena de octubre ya rondaban los 1,116 casos, datos que según especialistas, “pone en entredicho el éxito del plan de seguridad del actual gobierno, pues no se trataría en realidad de un descenso de muertes violentas, sino de un ocultamiento del delito”.
Añaden que en 2021 la cifra es alarmante, ya que el 60% de los reportes de desapariciones y el 37% de los homicidios registrados se han producido en los 22 municipios priorizados según el gobierno por el Plan Control Territorial.
El Sindicato de Empleados Judiciales también denuncian que a pesar de contar con un Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas, éste es demasiado limitado, pues al cabo de 30 días contados a partir de la decisión de la activación de dicho instrumento, el fiscal a cargo da por terminada la actuación, con lo cual se elimina el trato diferenciado que es requerido por la complejidad del fenómeno delincuencial.
Que a esto se suma los graves reportes de los familiares de los desaparecidos, quienes aseguran que son “ellos quienes deben presentar pistas del paradero de sus familiares para que los casos no se cierren”.
“Para el caso, entre los testimonios resalta el de una madre de un joven desaparecido que indicó a la CIDH: nos mandan a nosotros a buscar a nuestros hijos y no podemos porque es peligroso”.
Ante esto, establecen que es imperante que se desechen los paradigmas de la división político ideológico y se implementen mecanismos jurídicos pertinentes para enfrentar el fenómeno delincuencial de las desapariciones y garantizar efectivamente los derechos de las víctimas, una búsqueda inmediata, una investigación no limitada por el tiempo, y bajo una visión sistémica que permita la unificación y coordinación de esfuerzos entre las instituciones competentes, con participación de las familias de los desaparecidos y sociedad civil.