A dos días de que la Sala de lo Constitucional impuesta por la bancada legislativa del oficialismo emitiera una “proclamación” para permitir la reelección inmediata del actual presidente Nayib Bukele; el gobierno de Estados Unidos dice que condena ese fallo y pide al mandatario salvadoreño respetar la democracia, la separación de poderes y el Estado de Derecho.
“Este declive en la gobernabilidad democrática daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno de El Salvador y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como un socio democrático y confiable en la región. Estados Unidos pide al presidente Bukele que demuestre su compromiso declarado con la gobernanza democrática, incluida la separación de poderes y el Estado de Derecho”, reza el comunicado de prensa publicado este 5 de septiembre por el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price.
We strongly condemn the Salvadoran court decision allowing for immediate presidential re-election despite their constitution’s provision forbidding immediate re-election. We call on President Bukele to demonstrate commitment to democracy & the rule of law. https://t.co/5IqKQWbZwO
— Ned Price (@StateDeptSpox) September 5, 2021
En el mismo reiteran la condena a la resolución que abre las puertas a Bukele para mantenerse en el Poder que hizo la Encargada de Negocios, Jean Manes, el sábado por la noche.
“El gobierno de Estados Unidos condena el fallo del 3 de septiembre de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que autorizó la reelección presidencial inmediata en contravención a la Constitución salvadoreña”, reza el comunicado.
En ella enfatizan que el fallo de la Sala impuesta es el resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional e instalar reemplazos leales al presidente.
Luego la Asamblea tomó medidas adicionales para consolidar el control del Poder Judicial el 31 de agosto mediante la modificación constitucional de la Ley Orgánica de la Carrera Judicial, que obliga a jubilarse a los magistrados a los 60 años o 30 años de servicio laboral bajo la premisa de erradicar la corrupción.
“La edad o el tiempo en el servicio no tienen un vínculo directo con la corrupción, y El Salvador ya ha establecido procesos para eliminar a los actores corruptos. El resultado práctico de este nuevo mandato es empoderar a la administración de Bukele para llenar el poder judicial con sus propios jueces”, explica el portavoz estadounidense.
Esto sumado a las acciones tomadas por la Asamblea el 1 de mayo demuestran una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder Ejecutivo.