La defensa del exsecretario privado de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, pidió ayer al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que incorpore a 28 nuevos testigos en el juicio por el presunto desvío de $301 millones, entre ellos al expresidente Alfredo Cristiani.
En la lista también están exfuncianarios como Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC); y Francisco Merino, exvicepresidente del país, además diputado y directivo de la Asamblea Legislativa por el PCN.
El Tribunal instaló ayer una audiencia especial para determinar si admite pruebas de la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), que no fueron ofrecidas o tomadas por válidas en la etapa de instrucción.
Luis Peña, defensor de Charlaix, dijo que los testigos solicitados los han categorizado en: personal del Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial, un banco y exfuncionarios de gobiernos anteriores.
La rutina de Tony Saca en el sector 9 de Mariona
La fuentes consultadas no hablan de privilegios para esos reos VIP, aunque hay algunas excepciones
Entre los funcionarios de Hacienda están: Carlos Gustavo Salazar Alvarado, director General de Presupuesto; y Reyna Luz Alas, jefa de la División de Programación Financiera.
“Lo único que se quiere probar es que era un hábito y costumbre administrar los fondos en la forma que lo hizo la administración Saca. No estamos buscando que se investigue a nadie, ni mucho menos responsabilizar a nadie de la administración Saca”, sostuvo Peña.
Saca y otros seis exfuncionarios son procesados por peculado y lavado de dinero. La FGR los acusa de haber saqueado $301 millones entre 2004 y 2009, con un mecanismo parecido al que atribuyen al expresidente Mauricio Funes, quien enfrenta los mismos cargos: el desvío de fondos hacia la partida secreta de la Presidencia.
La FGR, por su parte, solicitó al Tribunal que le admita a un testigo con beneficios penales (criteriado) con el que pretende probar el saqueo de los fondos públicos.
“La declaración de él va a ser importante para determinar la modalidad en que fueron utilizadas diversas sociedades en el ámbito del cometimiento de los hechos”, expresó David Ramírez, fiscal de la Unidad Especializada contra Lavado y Activos.
Por la tarde, el tribunal, a petición de la Fiscalía, impuso reserva parcial temporal y pidió a los periodistas que abandonaran la sala de audiencias para que los fiscales fundamentaran la solicitud de admisión del testigo criteriado y lo pudieran identificar sin que eso salga a la luz pública.
Por otro lado, los defensores de los imputados reclamaron por qué, según ellos, en la etapa de instrucción el Juzgado Cuarto de Instrucción negó pruebas para descargo.
Por ejemplo, los defensores de Saca y Charlaix pidieron que se incorporara al proceso exámenes de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que indicaban que no hay registros sobre el control de los fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia y copias de gastos del Ejecutivo en la administración de Saca como en las anteriores administraciones.
La Fiscalía se opuso a tales peticiones. Sobre los testigos dijo que si no tenían relación con los hechos imputados no había que incluirlos al proceso; en el caso de la información de la CCR planteó que si había carencia de control sobre el uso de los fondos, se podría prescindir de esa prueba, algo que ya había sido ofertada en la etapa inicial por Charlaix. También dijo que no podrían admitirse copias de documentos porque dudan de su veracidad.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el Tribunal suspendió la audiencia para continuarla hoy. En esta podría haber una resolución en cuanto a si admite el nuevo testigo a la Fiscalía y los 28 a la defensa.