El presidente Daniel Ortega envió este viernes a la Asamblea Nacional, bajo su control absoluto, un proyecto denominado “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que prohibe las candidaturas que el régimen considera “golpistas”, o que apoyan las “sanciones internacionales”, impuestas a funcionarios del gobierno por graves violaciones a los derechos humanos.
Ortega advirtió que los nicaragüenses que promueven sanciones de otros países contra su gobierno “han perdido el derecho” a participar en las elecciones del próximo año, en una clara alusión a sus opositores.
El gobernante socialista envió de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, el proyecto de ley que plantea que quienes “inciten a la injerencia extranjera” o que “demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (…) no podrán optar a cargos de elección popular”.
“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (…) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones; ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, dijo Ortega durante un acto de graduación de cadetes de la policía.
El proyecto de ley solo contiene dos artículos, el primero con las imposiciones y el segundo con el anuncio de su entrada en vigencia al ser publicado en el Diario Oficial. Aún no se conoce cuándo será el debate en el Parlamento.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch, publicó en su perfil de Twitter que esta es una “alerta” ante la prohibición de la participación de la oposición en los comicios del próximo año en Nicaragua y dijo que “de ser aprobado, violará abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo”.
Luego de conocer la propuesta de ley, que podría ser aprobada el próximo lunes por la mayoría de diputados que tiene el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, representantes de la oposición política la calificaron como “totalitaria”, “represiva” e “ilegal”, ya que aseguran que su fin es “darle el poder al Frente Sandinista para decidir quién participa o no” en las elecciones generales programadas para 2021, según declaraciones publicadas en el medio El Confidencial, de Nicaragua.
A ese mismo medio, Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), le confirmó que la nueva propuesta de ley es una clara intención del régimen de Ortega de “inhibir por la vía de facto la intención de cualquier ciudadano que decida competir en unos comicios”.
A esas declaraciones se suman las de Félix Maradiaga, de la Coalición Nacional, quien opina que el actuar de Ortega es de alguien “desesperado”, pues busca “cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral”.
Ortega, que lleva en el cargo desde 2007 y podría postularse a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre de 2021, se quejó porque la oposición “celebra” cada vez que se anuncia una sanción internacional contra su gobierno.
“Esos no son nicaragüenses, no sé como se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección. Son terroristas, son criminales y vende patria, porque siguen pidiendo mas sanciones”, recriminó Ortega a la oposición, la mayoría extra parlamentaria.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios, a familiares de Ortega y a instituciones señaladas de corrupción y violación de derechos humanos, en el contexto de las protestas que estallaron en 2018.
Según organismos de derechos humanos locales e internacionales, las manifestaciones dejaron más de 320 muertos, miles de exiliados y detenidos.
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, aseguró que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el gobierno de Ortega, más allá del cambio de mando en la Casa Blanca.