Aunque abogados aprueban la acción que realizó la Corte de Cuentas de la República (CCR) al presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos nueve avisos por presuntos ilícitos detectados a varias alcaldías en el marco de la emergencia por la pandemia, lamentaron que el ente contralor no informe sobre las auditorías realizadas al respecto a instituciones de gobierno.
José Napoleón Domínguez, director jurídico de la CCR, dijo este lunes a periodistas que delitos como malversación de fondos, peculado, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes son algunos de los que han sido detectados como parte del “plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia por la pandemia”, que abarca desde “el año 2020 hasta el 30 de abril de 2021”.
Domínguez dijo que los montos relacionados a las irregulares por parte de las comunas superarían los $7 millones.
Tras interponer los avisos, profesionales del derecho consultados por El Diario de Hoy coincidieron en aplaudir el trabajo de la CCR al fiscalizar cómo utilizaron los recursos las municipalidades, pero cuestionaron que este no sea parejo para todas las instituciones, pues aún no ha revelado los resultados de las auditorías hechas al Órgano Ejecutivo durante la emergencia sanitaria.
"Es bueno conocer que hay ciertas funciones que hacen, se está fiscalizando el uso de fondos públicos a todo nivel, pero también la Corte de Cuentas debe visibilizar, hacer de conocimiento público qué está pasando con aquellos fondos públicos que han sido mal manejados dentro de otras instituciones del gobierno y que desde el 2020 han sido expuestos desde manera amplia y no vemos tampoco resultados", señaló Xenia Hernández, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Similar opinión ofreció Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, pues a su criterio los supuestos delitos detectados a las municipalidades "es dinero público que se estaría utilizando indebidamente para otras finalidades y no para el beneficio de las comunidades".
Sin embargo, criticó que el ente contralor aún no haga públicas las auditorías desarrolladas a instituciones del Órgano Ejecutivo en el marco de la pandemia, ya que recordó que algunas irregularidades habían sido mencionadas por la extinta CICIES.
"Quedamos a la expectativa de qué ocurriría a las auditorías que se le hizo por ejemplo al Hospital El Salvador, en qué prosiguió, si detectaron algún ilícito, si hicieron alguna denuncia, creo que eso sería bueno que lo informe la Corte de Cuentas en qué estado se encuentran esas auditorías al Órgano Ejecutivo y uno esperaría que si detecta algún ilícito, pues también proceda a denunciarlo a la Fiscalía, aunque sabemos que en la Fiscalía poco podrá lograrse", afirmó Escobar.
La abogada Hernández fue más allá al exigir que la Corte de Cuentas debe mostrar "esa rigurosidad con la que trabaja para poder combatir la corrupción" y cree conveniente que estos casos fiscalizados no queden en simples avisos ante el ministerio público.
"Que interpongan las denuncias correspondientes y lo que va a verse es si la Fiscalía va a ejercer esas actuaciones contra los funcionarios de su mismo gobierno, ya que es una Fiscalía que está cooptada por el Ejecutivo", indicó.
Por tal razón, se refirió a la importancia, según ella, de que las instituciones que luchan contra la corrupción actúen con independencia frente al Ejecutivo.
"Que no quede duda que pese a haber hecho su trabajo, si este gobierno quiere junto con la Sala de lo Constitucional proceder contra los magistrados por hacer bien su trabajo, que puedan en su momento con la cabeza muy en alto decir que la Corte de Cuentas hizo un trabajo de manera independiente, objetiva y rigurosa, ejerciendo con firmeza las facultades que la Constitución y la ley les mandatan", apuntó.
Por su parte, Ruth Eleonora López, abogada y directora anticorrupción de Cristosal, manifestó que sospecha que los casos en los que estarían implicadas entidades de gobierno fueron presentados ante la Fiscalía sin convocar a medios de comunicación.
"Teniendo en cuenta los informes publicados por la Corte de Cuentas en su sitio web, yo supondría que la Corte de Cuentas ya le trasladó a la Fiscalía los casos en los que el gobierno está involucrado en el uso irregular de fondos públicos. Supongo de estos casos que está presentando sobre las alcaldías son posteriores a esas auditorías y quizá en su momento lo hicieron sin mayor publicidad y en el caso de las alcaldías lo hicieron convocando a medios de comunicación", planteó.
Agregó que "en casos posteriores, hoy que tienen la dinámica de hacer públicas las denuncias ante la Fiscalía, esperaría en los próximos meses una denuncia por el uso del Fideicomiso de Bitcoin. Particularmente por la denuncia que presentó Cristosal a inicios de septiembre en cuanto al uso de Fideicomiso Bitcoin y ampliada en noviembre".
Entre las municipales que reflejan irregularidades, según los avisos interpuestos por la Corte de Cuentas, son las de San Sebastián Salitrillo, Zaragoza, Ahuachapán, San Antonio del Monte, San Antonio Pajonal, Cuisnahuat, Sonzacate, San Francisco Menéndez y Candelaria de La Frontera.
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