Los retenidos también son amenazados por pandilleros

Lo anterior lo contempla el tercer informe de la Procuraduria para la Defensa de Derechos Humanos a la Sala de lo Constitucional que señala, además, que presencia de la UMO en esos centros “busca intimidar” a los confinados.

La PDDH reveló que el 30 de abril, un grupo de supuestos pandilleros golpeó a otras personas y atentaron contra la seguridad del centro de retención del edificio Gamaliel. Tras este incidente los trasladaron a Quelepa. EDH / archivo

Por David Marroquín

May 08, 2020- 19:08

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuestiona la falta de las condiciones de seguridad en los centros de contención que ha permitido que supuestos pandilleros que estén resguardados en los mismos, hayan amenazado y lesionado a personas que cumplen la cuarentena controlada en esos centros.

“La presencia de presuntas personas pertenecientes a pandillas, que han generado lesiones o amenazas a otras personas albergadas, evidencia la falta de estrategias al interior de los centros para establecer espacios seguros y de coordinación entre los administradores de los CCC -Centros de Contención- que corresponde al Minsal y los encargados de la seguridad pública”.

Señala la PDDH que “la irresponsabilidad estatal de mantener a personas detenidas en esas condiciones de riesgo y la omisión de acciones oportunas y urgentes, conllevan a graves afectaciones a derechos humanos a la vida e integridad de dichas personas. Es indispensable la coordinación urgente entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil, para prevenir más hechos como los descritos”.

Uno de esos hechos se registró el 30 de abril pasado en el Centro Bautista Gamaliel, en la colonia Escalón, cuando supuestos pandilleros golpearon a otras personas y atentaron contra la seguridad interna del sitio.

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Lo anterior son parte de las conclusiones que contiene el tercer informe de la PDDH correspondiente al período del 29 de abril al 5 de mayo, presentado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados constitucionalistas delegaron en abril pasado a la PDDH a que verificara el cumplimiento de parte de las autoridades gubernamentales de las medidas cautelares y de tutela contempladas en el proceso de Hábeas Corpus #148-2020 a favor de personas que se encuentran en los centros de contención y las que han sido detenidas de manera arbitraria porque supuestamente incumplieron la cuarentena domiciliar.

También considera la PDDH que la fuerte presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por las protestas pacíficas de las personas detenidas en los centros de contención como Gamaliel y el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), “denota intimidación hacia las personas albergadas, que si bien es cierto hasta el momento no ha generado que se sobrepasen las limitaciones al uso de la fuerza, generan ambientes tensos y con tendencia represiva, que no contribuye a mantener buenas prácticas en los CCC”.

Las personas que cumplen la cuarentena controlada en esos dos centros se han manifestado pacíficamente ante la falta de respuesta con relación a la fecha de salida tras más de 40 días de estar en ese encierro. Además por la falta de acceso a la información sobre los resultados de la prueba del COVID- 19 a la que han sido sometidas.

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En ese sentido, la PDDH reitera la petición de información al Ministerio de Salud con respecto a los exámenes médicos de las personas resguardadas en centros de contención para establecer si deben de continuar o no en los mismos y las medidas adoptadas para garantizar condiciones dignas y adecuadas de las personas detenidas por incumplimiento de la cuarentena”.

Condiciones en centro Gamaliel no son las adecuadas
El centro de retención que funciona en el edificio Gamadiel del Tabernáculo Bíblico Bautista “Amigos de Israel”, en la colonia Escalón, sigue siendo escenario de una ineficiente planificación para prevenir y combatir la pandemia del COVID-19, advierte la Procuraduría.

“Las condiciones inadecuadas no permiten garantizar efectivamente el derecho a la salud, ya que, a las personas retenidas en dicho recinto, no se les ha practicado (en su mayoría) la prueba del COVID-19 y las medidas para evitar los contagios son insuficientes, aunado a la falta de atención médica necesaria”, señala la PDDH.

Con lo anterior se estaría incumpliendo con las medidas cautelares ordenadas por la Sala de lo Constitucional en el sentido de realizar la prueba de la pandemia a los retenidos de manera prioritaria, y en caso de que la prueba resulte negativa que sean enviadas de inmediato a sus casas a cumplir con la cuarentena domiciliar.

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Esta semana los ahí alojados protagonizaron una incidente que habría sido motivado por los ahí confinados, quienes demandaban que les realicen las pruebas pues dicen llevar más de un mes en cuarentena.

Al final el Gobierno decidió trasladarlos a otro local del Tabernáculo Amigos de Israel, pero en Quelepa, San Miguel, lo que provocó que los vecinos de esa zona se opusieran y manifestaran su rechazo.

Un recuento de los casos
La Procuraduría señala que del 21 de marzo y el 5 de mayo se recibieron 942 denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 207 corresponden a detenciones ilegales.

De acuerdo con el informe de Derechos Humanos, al detallar las edades de las personas detenidas, principalmente se ubican en el rango de 30 a 59 años, abarcando un porcentaje del 50 %.

Luego están las personas entre 18 a 29 años con un porcentaje de 28.6 % y los casos de detenciones colectivas totalizan el 14.3 %; y han consignado que de siete de cada cien personas en los centros de confinamiento, las autoridades no tienen registros de edades.

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