En una disputa jurídica se encuentran los diputados con el gobierno. Por un lado, ARENA asegura que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el que debe pagar los salarios de las personas que por obligatoriedad del Ejecutivo han tenido que quedarse en sus casas sin poder ir a trabajar para guardar cuarentena ante el riesgo de propagación del coronavirus.
Y, por el otro lado, el presidente de la República, Nayib Bukele, afirma que los patronos deben cancelar el sueldo de todos los empleados del sector privado que están en “cuarentena domiciliar” decretada por Bukele desde el 21 de marzo.
Así como a los trabajadores mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas que fueron enviados a sus casas desde el 15 de marzo pasado. Bukele argumentó que son la población más vulnerable a adquirir la enfermedad.
Al paso sale el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, quien explica que es “inconstitucional” que el gobierno obligue a las empresas a pagar por un servicio que no reciben y por otra parte, también no es correcto que el ISSS tenga que pagar “sino existe una inhabilidad médica real”.
Para Bertrand Galindo hay una confusión generada por la falta de diálogo entre el gobierno y la Asamblea. Valoró que “lo que procede es buscar el equilibro entre como tener garantizado que los trabajadores se cuiden, estén en sus casas, que no trabajen, que tengan para sus alimentos, medicinas, cosas básicas, sin quebrar a las empresas”.
Pero ARENA se basa en el mismo decreto de emergencia nacional que el Ejecutivo envió a la Asamblea para su aprobación, el cual fue autorizado el 13 de marzo. En su artículo 2 inciso tercero explica que es el ISSS quien cubrirá el subsidio de los trabajadores en cuarentena.
El artículo 5 del decreto de emergencia dice que “las cuarentenas ordenadas por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, para todos los efectos legales y económicos correspondientes”.
Luego establece que “en este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador con cuarentena, durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el Artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social”.
Ese apartado fue debatido el jueves durante la plenaria a raíz de la aprobación de una interpretación auténtica que hizo la Asamblea a dicho artículo con votos del FMLN, ARENA, algunos del PCN y del PDC, con la intención de dejar claro que el ISSS está obligado a compensar el sueldo de los que han sido enviados a “cuarentena domiciliar”.
Pero ayer los diputados retrocedieron dejando sin efecto la interpretación auténtica y enviaron la iniciativa a discusión de la Comisión de Legislación de la Asamblea.
Ante esto, surgió la pregunta: ¿Cómo queda hoy la situación? “Queda exactamente igual. El artículo 5 del decreto enviado por el Ejecutivo por la emergencia nacional establece que las cuarentenas ordenadas por la pandemia del COVID -19 tendrán un tratamiento como incapacidades temporales por enfermedad común”, explicó el diputado de ARENA, David Reyes.
Agregó que el “Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio. Está claro, lo que procede es que cualquier abogado, de cualquier empresa, puede darle trámite tal como está el decreto vigente”, aclaró Reyes.
También dice que en el decreto que la Asamblea aprobó este jueves para que el gobierno obtenga $2,000 millones en más deuda para paliar la crisis a raíz de la pandemia, en el inciso final del artículo 11 de ese decreto especifica que los fondos servirán “para un programa de subsidio de pago de planilla de empleados que se vean afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y Cuarentena Nacional y sus efectos”, entre otras cosas.
La aprobación de la interpretación auténtica que hizo la Asamblea al artículo 5 del decreto de emergencia y que luego fue anulada ayer, desató fuertes críticas de Bukele hacia los empresarios, quienes a su vez y a través de la cuenta en Twitter de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), reclamaron que el gobierno estaba desatendiendo el mismo decreto ejecutivo que envió a la Asamblea para decretar la emergencia nacional.
“La ANEP, embolsándose 300 millones de dólares mensuales del ISSS. Dinero que obviamente el ISSS no tiene. Quebrando así nuestra segunda institución de salud, justo en medio de una pandemia”, reclamó Bukele en su Twitter.
A lo que la empresa privada le contestó: “ANEP no se embolsa nada… ANEP busca proteger al trabajador y al empleo. El dinero del ISSS es un aporte de las empresas y de nuestros trabajadores”, publicó la ANEP en su cuenta de Twitter.
Bukele siguió lanzando duras críticas e insistió en que el Seguro Social es una institución que se irá a la quiebra técnica.
“El ISSS está casi quebrado desde hace tiempo por mala administración. Tenemos propuestas para que enfrente sus actuales y futuras obligaciones. La ANEP aporta, produce y es solidaria. Los que han robado han sido gobiernos corruptos que suprimen contraloría del sector privado”, respondió la ANEP siempre en Twitter.
No obstante, el Consejo Directivo del ISSS aprobó el 21 de marzo con siete votos a favor y tres en contra tomar prestados $25 millones de la autónoma a petición del Ejecutivo para equipamiento del hospital que el Ejecutivo está instalando en la Feria Internacional para atender a los posibles casos del COVID-19, según documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy.
Ante la incertidumbre de quién se hará cargo del pago del salario de los empleados que, desde el 21 de marzo, no pueden llegar a sus lugares de trabajo por orden del gobierno amparándose en el decreto de emergencia, el diputado Jorge Schafik Hándal, del FMLN también responde que el decreto de emergencia nacional lo dice claramente.
“Todos aquellos que hayan sido declarados en cuarentena deberán ser considerados como enfermos y por lo tal tienen derecho a optar a lo que establece el Código de Trabajo a través del Reglamento del mismo, que dice que a partir del tercer día el 75% por ciento lo paga el Seguro y el 25% lo paga el empleador. Eso queda exactamente igual porque esa redacción mandó Casa Presidencial y que aquí fue votada unánimemente”, alegó Hándal.
El diputado efemelenista planteó que con la interpretación auténtica que la Asamblea había aprobado el jueves se daba la certeza legal de que el trabajador no queda en el limbo prácticamente ante la postura del gobierno de que sean los patronos quienes paguen sus remuneraciones.
“Con la interpretación auténtica le daba certeza a la gente de que le van a pagar su salario, la cosa es que fue manipulada de una forma tal de hacer creer que se estaba haciendo quebrar intencionalmente y con dolo al Seguro Social porque tenía que cumplir con lo que la ley establece, pero quien lo hace es precisamente Casa Presidencial por la mala redacción que hicieron del decreto que sometieron aquí, que lo hicieron a la carrera porque hoy mandan la rectificación”, expuso.
A la rectificación que se refiere Hándal es una reforma al decreto de emergencia que envió Bukele el 24 de marzo a la Asamblea, enfatizando que en el caso de las empresas que no tengan permitido la continuación de sus actividades deberán “enviar a sus residencias con goce de salario y prestaciones” a sus empleados y que éstos no podrán ser objeto de despidos ni descuentos salariales. La modificación no fue discutida por los diputados.
Sin embargo, la bancada de GANA reclamó que ARENA quiere “chantajear” a Bukele y afirman que serán los culpables de que en el país mueran personas a causa de los contagios del COVID-19.